La apertura del secreto de sumario de la pieza separada del "caso Erial" ha sacado a la luz el sofisticado entramado societario al que recurrió el exministro Eduardo Zaplana para ocultar una presunta actividad delictiva que se extendió durante 20 años a la sombra del PP. El que fuera también presidente de la Generalitat Valenciana movió en esas dos décadas 19 millones de euros a través de catorce países.
Según los datos incluidos en el sumario, a los que ha tenido acceso el diario Levante-EMV (del grupo Prensa Ibérica, el mismo al que pertenece FARO DE VIGO), Zaplana recurrió a ese flujo continuo de fondos para ocultar el presunto cobro de comisiones a cambio de la privatización del servicio de las ITV y la adjudicación de los parques eólicos.
La mayoría de las sociedades que forman parte del entramado estaban radicadas en países de Latinoamérica, pero en realidad el dinero nunca salió de Europa. Los lugares escogidos por la presunta organización criminal que lideraba el exministro de Trabajo para depositar las comisiones fueron Suiza, Luxemburgo y Andorra.
El dinero se lo habrían repartido Zaplana; Joaquín Barceló, amigo personal del político y exdirectivo de Terra Mítica; Francisco Grau, artífice de la ingeniería financiera; y Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana.
Según ha acreditado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varios informes, la piedra angular de todas las empresas era Imison Internacional SA, con sede en Luxemburgo. La Benemérita ha reconstruido las operativas de la presunta "organización criminal" y descubierto el destacado papel que ocupó Cotino en su actividad. Imison Internacional SA se constituyó con 607.022 euros que el dirigente del PP valenciano Juan Cotino llevó a Luxemburgo en metálico en el 2001. Así lo declaró a los agentes Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, el espía que ayudó en su fuga a Luis Roldán.
Cotino, quien por esas fechas era el director general de la Policía del Gobierno de Aznar, logró pasar los controles de aduanas sin levantar sospechas. Según el sumario, entre los años 2005 y 2009, mientras Zaplana era el portavoz del PP en el Congreso, se ingresan desde España y Andorra a esta empresa 11,2 millones de euros, de los que 6,2 corresponderían al pago de comisiones por parte de Sedesa, la empresa familiar de los Cotino. Según consta en el informe, "para llevar a cabo el pago de estas comisiones" se seguían dos operativas. Por un lado, "a través de sendas compraventas de participaciones concertadas entre una mercantil luxemburguesa y una española y, por otro, mediante facturación, por prestaciones de servicios aparentemente inexistentes, a empresas relacionadas con la consultoría radicadas en Valencia".
Los investigadores señalan que "las transferencias que se ordenan desde España las realiza el grupo Sedesa, ascendiendo a un importe de 6.400.000 euros, y las que tienen origen en Andorra se realizan por parte de dos sociedades panameñas con cuentas bancarias en este Principado: Puncak Services SA (1.500.000 euros) y Merceron Investements SA (309.028 euros), ambas vinculadas a Joaquín Miguel Barceló", exdirectivo de Terra Mítica y presunto testaferro de Zaplana. El importe total de "estos abonos asciende a 11.209.028" millones de euros.
A partir del año 2009, el sumario recoge que el dinero se mueve a sociedades radicadas en Holanda, Uruguay, Dubái, Hong Kong, Panamá, Reino Unido o el principado de Liechtenstein.
Por otro lado, se ha localizado en Andorra otra cuenta corriente que llegó a sumar 9,1 millones en "operaciones asociadas a dinero en efectivo" entre 2004 y 2007.
El retorno del dinero fue posible a través de inversiones inmobiliarias o en el puerto deportivo de Campomanes en Altea. La Agencia Tributaria no detectó ninguna irregularidad en la financiación. Zaplana también dispuso de dinero en efectivo, alrededor de dos millones de euros, que recogía a través de su chófer o secretaria con agentes de cambio.
Las agendas
La Guardia Civil ha logrado descifrar todos estos movimientos tras analizar las agendas personales que intervino a Zaplana y que guardaba en su despacho de Telefónica. Esas agendas le han servido para comprobar la participación de Juan Cotino en la cocina de los contratos del plan eólico y la privatización de las ITV.
El juzgado investiga una serie de comisiones desembolsadas por las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, todas ellas adjudicadas a sociedades del grupo empresarial Sedesa y pagadas por la familia Cotino.
En 2001, los Cotino constituyeron la empresa con las que obtuvieron la concesión de la ITV. Se constituyó el 19 de diciembre de 2001 y dos días después, el 21, aparece la anotación "Cotino (casa) a las 14 horas". Unos días después se habrían producido dos reuniones más.
Unos años antes, en 1997, las agendas reflejan que Zaplana se reunió con Cotino 24 horas antes de que se aprobaran los pliegos que iban a regir la licitación del servicio de ITV. En este informe la Guardia Civil eleva hasta los 86 millones de euros los beneficios que habría obtenido el clan Cotino con estos contratos. En esas fechas Cotino ya era director general de la Policía.
