Ante el riesgo de que le fuera impuesta una fianza millonaria, Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte hasta que fue llamado a declarar ante el juez Manuel García-Castellón, optó por no guardarse nada en su segunda comparecencia en la Audiencia Nacional. Atribuyó al que era presidente del BBVA, Francisco González, tanto la orden de recurrir a detectives para luchar contra los grandes morosos de la entidad como la de acabar haciéncolo con la empresa que propusiera el entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Resultó ser la del excomisario José Manuel Villarejo, al que la entidad pagó 10,2 millones de euros a través de media docena contratos.

Tras una breve comparecencia en la que los fiscales Anticorrupción le amenazaron con una fianza e irse al paro, Béjar entendió que su carta más ventajosa era colaborar con la justicia. Explicó que González empezó a pensar que la deuda que un grupo de clientes importantes del banco se debía a que intentaban hurtar bienes a sus acreedores y pidió que el banco tomara medidas en el asunto. Para cumplir la orden del superior, el entonces consejero delegado de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, propuso a Kroll, por ser la que había nutilizado en Latinoamérica.

Sin embargo, pese a la experiencia de la multinacional, Kroll no encontró bien alguno. Cuando Béjar, entonces responsable de riesgos del banco, acudió a dar cuenta al presidente, este, cuando ya casi se iba, en la puerta le dijo que el problema era la empresa utilizada que "no servía" para el fin que tenía.

"Cuando me acompañó a la puerta, me dice 'eso de las investigaciones patrimoniales es que esa empresa que habéis contratado no sirve: vaís a trabajar con una que os va a contratar Julio Corrochano", en referencia al responsable de Seguridad del banco que conocía a José Manuel Villarejo por su etapa en la Policía. Béjar sostiene que en ese momento ni conocía a Corrochano.