La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de ocho años de prisión y 19 de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra, entre 2012 y 2014, de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. González presidió el Canal entre 2003 y 2012, antes de ocupar la presidencia de Madrid (2012-2015).
Según el escrito del Ministerio Público, con cargo al sobreprecio pagado, González se repartió con otras cuatro personas unos cuatro millones de euros en comisiones ilegales. El antiguo dirigente popular, que se ocultaba bajo el apodo de "Conde", cobró el equivalente a 1,65 millones a través de una sociedad panameña.
El proceso de compra de Emissao, que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014, "estuvo plagado de ilicitudes", según la Fiscalía, y supuso una salida indebida de fondos públicos de entre 6,8 y 9,7 millones de euros. El fiscal reclama a los acusados que indemnicen al Canal, conjunta y solidariamente, con unos dos millones de euros, pues se ha devuelto la mayor parte del dinero.
Para la Fiscalía, a pesar de los informes y auditorías que alertaron del riesgo de la operación y cuestionaban que pudiera valorarse en los precios que se manejaban, en 2013 se acordó la compra del 80% de "Emissao" por 32,6 millones de dólares, con un borrador de contrato que "contó con el beneplácito de González". Finalmente, la operación se cerró con la compra del 75 % de la empresa por 29,5 millones.
Anticorrupción pide además siete años de prisión y dieciséis de inhabilitación para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y para el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, acusados como González de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada.
