El Tribunal de Cuentas reclama 4.146.274 euros a 28 personas, en concreto, a todos los miembros del Gobierno del huido Carles Puigdemont, tanto los que fueron condenados por el Supremo como los que se encuentran en rebeldía, y a varios exaltos cargos de la Generalitat, por los fondos públicos presuntamente destinados a la celebración del 1-O. De la cantidad obtenida en la liquidación provisional 3.903.294 corresponden a los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980 a los intereses devengados desde 2017 hasta ahora.
El órgano fiscalizador celebró durante seis horas una vista en la que las defensas conocieron la cifra calculada por la instructora del procedimiento. Tras ella tres de los altos cargos de la Generalitat a los que se reclamaba parte de lo desviado quedaron fuera del procedimiento. No ocurrió así con los exconsejeros absueltos de malversación por el Tribunal Supremo en la sentencia del "procés". Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila fueron solo condenados por desobediencia, al entender que no hubo gasto desde sus departamentos, aunque firmaran el acuerdo para su reparto de septiembre de 2017.
En el cómputo realizado por la instructora no se incluye el dinero referido a Acción Exterior, apartado que puede incrementar notoriamente lo reclamado. Los abogados de Sociedad Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución, que ejercen la acusación junto a la Fiscalía, sostuvieron que en marzo de 2018 se hizo un informe de fiscalización sobre la actividad del Diplocat entre 2011 y 2017 que calculó en 400 millones lo destinado, 24 de ellos a embajadas.
Desviado
De esa cantidad lo que se considere desviado se incluirá en el procedimiento fiscalizador en otra liquidación provisional que se conocerá en próximas semanas.
La instructora concede ahora 15 días a los considerados responsables para abonar las cantidades fijadas de cara a cubrir una futura condena. En el caso de que no lo hagan se procederá al embargo de sus bienes, como ya ocurrió con la consulta del 9-N, cuyo procedimiento acabó con una condenan al expresidente de la Generalitat Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros. Nada más conocerse la cifra provisional, Puigdemont instó en Twitter a ayudarles a quienes votaron el 1-O e inmediatamente se abrió una caja de solidaridad para cubrir lo exigido.
Al expresidente y al resto de su Govern se le reclaman los 357.000 euros que costó la campaña Civisme; 1.259.831, que se pagaron a Unipost en material electoral; 65.730 de la cartelería del referéndum; 88.643 por invitar a grupos de parlamentarios europeos; 189.200, del equipo de expertos que visitó Cataluña encabezados por Helena Catt, y 177.464, de los observadores internacionales de Paul Sinning. Todo ello asciende a 2.137.987 euros.
A Oriol Junqueras también se le incluyen los gastos que supuso la rehabilitación del edificio en el que se estableció el "call center", por lo que se le reclaman 3.592.026. A la cifra que Raül Romeva comparte con el resto del Govern se le suma la web Cataloniavotes.eu (136.579 euros) y la campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735).
