Miguel Rodríguez Marcos es vicepresidente de la Asociación de Fiscales, de ámbito nacional y mayoritaria, y fiscal especialista en delitos económicos y en protección de personas con discapacidad. Las últimas semanas han sido de especial "preocupación" para la carrera fiscal, por la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien afirmó que la Fiscalía "depende jerárquicamente de Presidencia del Gobierno". La Asociación de Fiscales defiende la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal, y mantiene su advertencia de que peleará para que se respete.

-Últimamente los fiscales están en el punto de mira.

-El sentimiento es de honda preocupación por el desconocimiento que muestran los ministros e incluso el presidente del Gobierno sobre la institución del ministerio fiscal.

-¿Lo dice por sus afirmaciones de que la Fiscalía depende del Gobierno?

-Es que eso es falso, totalmente, y genera una sospecha de duda sobre cuál es nuestra función que hace que nos cueste mucho recuperar la imagen de imparcialidad que además se nos exige. Somos un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejercemos nuestra misión por medio de órganos propios.

-¿Quizás es que se confunde el papel de la Abogacía de Estado y de la Fiscalía?

-La Abogacía del Estado pertenece a la Administración del Estado y se encarga de la dirección jurídica y la defensa del Estado, y puede recibir directrices del Gobierno. Pero el ministerio fiscal no tiene nada que ver porque somos Poder Judicial, con función de autonomía en defensa de la legalidad y el ejercicio de la función pública. Que esa defensa de la legalidad pueda ser o no del interés del Gobierno es indiferente para nosotros.

-Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía dependía del Ejecutivo, aunque luego admitió su error.

-Sus palabras fueron muy inapropiadas y, sobre todo, son falsas.

-¿El Gobierno no puede dar órdenes o directrices a la Fiscalía?

-No, a la Fiscalía no se le pueden dar órdenes de actuación. Se pueden interesar actuaciones, y esa solicitud debe ser oída en la Junta de Fiscales de Sala, que puede atender o no la actuación. Pero tampoco es usual que el Poder Ejecutivo interese actuación ninguna.

-Al fiscal general del Estado lo propone el jefe del Ejecutivo.

-La propuesta del nombramiento del fiscal general del Estado es competencia del Rey a propuesta del presidente del Gobierno, y eso hace que exista cierta vinculación entre la cúspide de la carrera fiscal y el Gobierno. Todo se puede mejorar, y se podrían establecer mecanismos respecto de quién ocupa la Fiscalía General del Estado.

-¿Quizás habría que cambiar la fórmula para designarlo?

-Para modificar la fórmula habría que cambiar la Constitución, y eso, en la situación actual y con la fragmentación que existe en el Congreso, se torna cuando menos complicado. Pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, sería una reforma muy importante que el fiscal general del Estado no cese con el Gobierno, sino que la duración de su mandato sea superior al de una legislatura. Eso supondría que tendría que trabajar con un Ejecutivo que puede ser de distinto signo político al que le nombró.

-Dolores Delgado es fiscal, pero a ustedes su nombramiento no les parece apropiado.

-No es la propuesta más correcta. Aunque ha sido compañera en la carrera fiscal, en la historia más reciente ha sido ministra de Justicia, ha participado en un Gobierno con la máxima responsabilidad, ha sido diputada en el Congreso por el PSOE y ha hecho campaña electoral por ese partido. Pero da lo mismo que fuera con ese partido o con otro. Esa pertenencia y actividad política hasta que ha sido prácticamente designada fiscal general del Estado hacen que en el ejercicio de esa jefatura haya una sombra de duda que es innecesaria. Hay muchos juristas de prestigio que podían ejercer ese cargo.