El presidente Sánchez pretende que el proyecto de ley de los Presupuesto llegue en marzo al Congreso de los Diputados. El objetivo es que las cuentas puedan estar aprobado en junio, antes de que los diputados se vayan de vacaciones. Eso implica que coincidirá con el trámite parlamentario de la rebaja del delito de sedición y con reuniones de la mesa de diálogo entre el Gobierno y Generalitat. Sánchez trata de pisar el acelerador, consciente de que cuanto más cerca estén las elecciones catalanas más difícil será el apoyo de ERC.

La aprobación de los Presupuestos es la prueba de fuego de la legislatura. De salvarlos, Sánchez se garantiza un horizonte de dos años, o incluso tres, lo que le permitiría poder aplicar algunas de las medidas más simbólicas de un Gobierno empeñado en subrayar su carácter progresista. El jefe del Ejecutivo aspira a superar el examen clave revalidando los apoyos que obtuvo en la investidura para poder aplicar unas cuentas que estarán inspiradas en el proyecto del 2019 pero que tienen que ajustarse al nuevo contexto económico. En eso están los departamentos, mientras el Ministerio de Economía negocia con Bruselas hasta dónde debe llegar el rigor con el déficit.

Sánchez parece haber aprendido a ser especialmente cauteloso con ERC y a asumir que, más que la tesis del gen loco de los republicanos, que abona su presunto carácter imprevisible, en realidad buena parte de las decisiones del partido independentista las determina su contexto. Y esas circunstancias pasan por un calendario que, una vez más, está en el aire.

El futuro de Quim Torra como president es de difícil predicción hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme y, en buena medida, su continuidad o no en el cargo es la que determinaría la precipitación de elecciones en Cataluña. Mientras tanto, los de Oriol Junqueras muestran su predisposición a aprobar los Presupuestos, que no se negociaron en las conversaciones de la investidura, pero hasta el sí hay un camino lleno de escollos. En todo caso, la intención del Gobierno es que el anteproyecto de ley llegue al Congreso en marzo. En un ritmo de tramitación razonable, la votación tardaría por lo menos tres meses en poderse llevar a cabo, lo que situaría el debate casi con los diputados haciendo las maletas : el último pleno en la Cámara baja terminaría el 25 de junio.

Lo que queda descartado es el plan que Sánchez anunció durante la campaña electoral, cuando se comprometió a llevar el techo de gasto (primer paso para tramitar los Presupuestos) al Congreso este mes de enero y a tener aprobado el proyecto en primavera.