La segunda jornada del juicio sobre la actuación de los Mossos durante los meses previos a la declaración de independencia dejó ayer dos momentos de interés. Uno, más puramente sentimental: cuando el gran protagonista de la vista, el mayor Josep Lluís Trapero, subrayó la "tristeza enorme" que sintió cuando vio cuestionado su trabajo. El otro, seguramente con mayor interés para el caso, se produjo al final de la jornada, cuando quedaron claras las dudas que provoca en el fiscal el plan que, según el que fuera el principal responsable de los Mossos, existía para detener a Carles Puigdemont y el resto del Govern después de la declaración unilateral de independencia (DUI).

Ese plan, del que se conocieron precisiones en los últimos días -por ejemplo, que estaba previsto trasladar al expresidente en un helicóptero tras su detención-, centró los últimos minutos del interrogatorio del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo. Sobre todo se interesó por conocer si Trapero había trasladado ese plan a la fiscalía o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando se puso a su disposición, justo después de que el Parlament aprobara la DUI. No lo había hecho.

"¿Usted no se lo había comentado a nadie? ¿Existe algún documento que sustente ese plan?", inquirió el fiscal. La defensa de Trapero intervino para alegar que ya el día 25 de octubre del 2017, dos días antes de la declaración de independencia, envió a su entonces número dos, Ferran López, un correo electrónico en el que le decía que "preparara el dispositivo necesario para cumplir las órdenes" si había DUI. Pero no especificó si esa comunicación se refería en concreto a la detención de Puigdemont.

En el correo no se cita de manera expresa dicha detención. Sin embargo, sí se alude a los "posibles escenarios previstos" tratados en una reunión previa entre López, Trapero y el comisario Joan Carles Molinero, y de la necesidad de poner en marcha un dispositivo que "asegure el cumplimiento de las órdenes judiciales que a tal efecto se puedan recibir". También explica que ese dispositivo tendría que estar en marcha entre el 26 y el 28 de octubre, fechas que coinciden con las de la DUI.

Los planes que sí están detallados son de elaboración posterior al inicio de la actuación judicial. Un informe entregado a la Audiencia Nacional el 24 de julio del 2019, de tres páginas, da una explicación de por qué no hay constancia escrita previa de los planes de detener a Puigdemont. "A raíz de dicha demanda [la de preparar la detención del "expresident"] se procedió por los comisarios firmantes a diseñar un dispositivo que, para evitar cualquier tipo de filtración y garantizar la máxima confidencialidad, no se plasmó por escrito en ningún documento", dice el texto, suscrito por los comisarios López y Molinero.

Durante su declaración en la Audiencia, Trapero aseguró que en esa reunión de los tres principales responsables policiales se habló de que "o habría elecciones o harían una barbaridad", en referencia a la declaración unilateral.

El mismo 27 de octubre, día en que el Parlament dio el paso, el mayor escribió al presidente del TSJC, Jesús Barrientos, y al entonces fiscal general, José María Romero de Tejada, para "ponerse a su disposición en relación a las órdenes que se pudieran derivar" tras la DUI.

Tomar distancia

La fiscalía evidenció sus sospechas acerca de que la defensa de Trapero esté usando ahora esos documentos elaborados una vez iniciado el proceso judicial para trasladar su distancia con respecto al "procés" y a los dirigentes independentistas. Un desapego que el mayor ya hizo todo lo posible por subrayar durante el primer día de su declaración.

Por lo demás, el mayor de los Mossos siguió insistiendo, ante las sospechas del fiscal de que el cuerpo actuó con pasividad durante el 1-O, en que si no hicieron más para impedir la votación fue porque no pudieron, principalmente por falta de efectivos. Y también defendió la prudencia con la que la policía catalana se condujo en aquellos días convulsos del 2017: "Cualquier cerilla podía encender una hoguera importante".