España se somete este miércoles al examen del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se da cita en Ginebra, una ocasión que para la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha de servir para "remover los obstáculos" de la justicia más allá de "cortinas de humo" como la exhumación de Franco.

Con vistas a esta convocatoria, la CEAQUA ha elaborado un informe en el que reclama garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo mediante la reforma de la Ley de Amnistía de 1977 y del Código Penal, una reforma, necesaria para la coordinadora, si se quiere sentar ante los tribunales a los autores de delitos de genocidio o lesa humanidad entre la Guerra Civil y el final de la dictadura.

En este sentido, CEAQUA pide reforzar la colaboración con las autoridades argentinas en virtud de las cerca de 500 querellas y denuncias presentadas desde 2010 en el país sudamericano por víctimas del régimen franquista.

Solicitan además incorporar la legalidad internacional a la legislación española con el fin de facilitar la investigación en el extranjero de los derechos humanos vulnerados por el franquismo.

La cita en las Naciones Unidas, que se celebra cada cinco años, sirve para evaluar los avances de los 47 países miembros del Consejo, que se examinan entre sí y no a través de expertos independientes.

En el último examen, realizado en 2015, Suiza, Armenia y Chile plantearon a España acometer "los problemas del pasado", "las injusticias históricas" y "la investigación de los delitos".

El Gobierno, entonces en manos del PP, respondió alegando "la imposibilidad de identificar a los eventuales responsables" de unos hechos que limitó "a los años 30 y 40" por haber prescrito los delitos y estar vigente la amnistía.

Ante la nueva convocatoria, el anterior ejecutivo del PSOE presentó un breve informe que respaldaba esa respuesta, aunque subrayó algunos progresos, como la creación en el Ministerio de Justicia de la Dirección General de Memoria Histórica.

Se han producido, de acuerdo con el Gobierno, "avances institucionales", como la puesta a punto de un censo de víctimas a nivel nacional, la creación de un mapa de fosas y la mejora de los planes de búsqueda y del protocolo de exhumaciones.

Pero, en opinión de Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, la respuesta del Estado al Consejo de Naciones Unidas "en un párrafo" no es "adecuada", cuando la cuestión que se plantea es "garantizar el derecho a la tutela" de las víctimas ante la justicia.

"No hay avance alguno para las personas que sufrieron graves violaciones, ni una sola medida: lo que hay son retrocesos", sostiene Lara, que adelanta así una de las conclusiones del informado elaborado por CEAQUA.

Pone en el foco una instrucción de la Fiscalía General del Estado de septiembre de 2016 que ordena a los jueces oponerse a comisiones rogatorias para tomar declaración a los investigados.

Critica Lara que la orden no se limita a las querellas procedentes de Argentina, "sino que tiene su fiel reflejo en España", donde, asegura, "se informa negativamente de la admisión a trámite".

Solo una de la decena de querellas interpuestas por la Red de Municipios contra la Impunidad del Franquismo ha sido admitida, la del ayuntamiento madrileño de Rivas, por dos casos de desapariciones forzadas, pendiente de la decisión de la Fiscalía, mientras que el resto fueron inadmitidas o están a la espera del recurso.

La misma suerte ha corrido una querella de un particular entre el medio centenar de las presentadas por torturas contra, entre otros, el exministro Rodolfo Martín Villa y los expolicías Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; Pascual Honrado y Jesús Muñecas.