El momento estrella del juicio contra la antigua cúpula de los Mossos no se hizo esperar. En la primera sesión de la vista oral, en la Audiencia Nacional, el principal acusado, el mayor Josep Lluís Trapero, realizó una defensa a ultranza de la actuación de los Mossos, tanto el 20-S, en el cerco a la Consejería de Economía, como el 1-O, con más de dos millones de personas en la calle frente a 16.000 policías. Admitió que tanto en uno como en otro caso pudo haber errores, pero nunca voluntarios. Y se desmarcó del independentismo con un rechazo frontal a la vía unilateral, que llegó a calificar de "barbaridad" y a mostrar la confianza en que la paralizara la justicia.
Trapero comparte el lugar de los acusados con el exsecretario de Interior, Luis Puig; el que fuera máximo responsable político de los Mossos, Albert Soler y la intendente Teresa Laplana.
Trapero se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por un delito de rebelión, aunque la Fiscalía anticipó ayer su intención de revisar la acusación, una vez que el Tribunal Supremo descartó que los líderes de la intentona secesionista hubieran incurrido en ese delito y los condenase por sedición.
Como ya hiciera en su comparecencia como testigo ante el Supremo, el que fuera la cabeza visible de los Mossos negó conocer detalles del proyecto independentista y, mucho menos, que se le pidiera participar. "Ni lo conocí ni se me expuso, ni se me consultó ni conozco a alguien que se le hubiera expuesto algo similar", aseveró.
Pese a que en agosto de 2016 estuvo en la ya célebre la paella en Cadaqués (Gerona), que compartió con el entonces presidente de la Generalitat y un grupo de amigos comunes, por la que el fiscal no le preguntó, Trapero negó haber tenido "ningún tipo de relación estrecha" en el ámbito personal con Carles Puigdemont. A preguntas del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, afirmó que "no tenía una relación ni buena ni mala", con el jefe del Govern y atribuyó su ascenso a mayor al exdirector de la policía autonómica Albert Batlle. Para distanciarse más dijo que el Ejecutivo catalán desconfiaba de él.
El interrogatorio se centró primero en el 20 de septiembre de 2017, el día en que 40.000 personas cercaron la consejería de Economía, de la que era titular el vicepresidente Oriol Junqueras, e impidieron el desenvolvimiento de la comisión judicial encargada de su registro. El mayor de los Mossos reconoció carecer de medios para controlar una masa de personas de esas dimensiones
Supo de la designación del entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, como mediador por el "conseller" Joaquim Forn y lo enmarcó en la forma habitual de trabajo de los Mossos, pero negó que el ahora condenado quisiera imponer cómo debía ser el dispositivo. "Se optó por un dispositivo que no se nos fuera de las manos con los medios que teníamos. ¿Que nos equivocamos? No lo sé, pero nuestra opción era ayudar a la Guardia Civil, aunque hubiera cosas que no me gustaron, como lo de los coches. ¿Cómo me va a gustar, si también pasó con uno de los Mossos?", aseguró.
En cuanto al 1-O, la jornada del referéndum ilegal, Trapero admitió que, aunque le pidió a Puigdemont que desconvocara la consulta, por el riesgo que entrañaba para el orden público, "los políticos no tienen por qué hacer caso a los policías". Señaló que los Mossos no pensaban cuando hicieron esa advertencia en violencia como tal, sino en una resistencia pasiva importante, en la que dos millones personas frente a 16.000 policías podía implicar un accidente y que la situación "se escapara de las manos". Calificó de "inimaginable" que tantas personas no hicieran caso de lo que le indicaban agentes policiales y que parecieran "dispuestas a defender las urnas con su vida".
A diferencia de lo declarado en el Supremo, Trapero no mencionó el plan preparado para detener al presidente de la Generalitat si se producía una declaración unilateral de independencia. Entre las pruebas constan ya los detalles de esa operación, que consistía en, siguiendo las órdenes de la Fiscalía, la detención de los máximos responsables del Govern y sus traslado a la sede central de los Mossos a la espera de su puesta a disposición de la justicia. El operativo incluía un helicóptero para los traslados. De todo ello dará cuenta previsiblemente hoy Trapero, en el segundo día de su declaración.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la antigua cúpula de la policía autonómica catalana eximió ayer a la intendente de l cuerpo Teresa Laplana de asistir a todo el juicio, por encontrarse de baja por estrés postraumático. La sala, presidida por Concepción Espejel, atendió la petición de la abogada de Laplana, Olga Tubau, que también defiende a Trapero, para que, una vez la intendente haya sido interrogada, se la dispense de asistir al resto del juicio hasta el trámite de los informes de las partes y del turno al derecho a la última palabra. Laplana, que se enfrenta a una petición de cuatro años por sedición por su presunta pasividad en el cerco a economía, aportó al tribunal un informe médico emitido por un especialista en Neuropsiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona, que certifica que sufre estrés postraumático y recomienda que su comparecencia en el juicio sea lo más breve posible.
