Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial contrarios a la propuesta de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general creen que su candidatura crea "una apariencia de vinculación" con el Gobierno que impide garantizar "la imagen de autonomía e imparcialidad" de la Fiscalía.
"No basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia", sostienen estos vocales en un voto particular en alusión a un proverbio inglés del que se sirven para argumentar su oposición a Delgado, según han informado fuentes del Consejo.
Tras más de una hora de reunión, el CGPJ ha avalado el nombramiento de Delgado con doce votos a favor y siete en contra en un pleno en el que se ha constatado la división entre los vocales.
Nuria Díaz, procedente al bloque que se ha opuesto a la propuesta, ha suscrito un voto particular discrepante al que se han adherido sus otros seis compañeros.
En él argumenta que Delgado no es, a su juicio, idónea para desempeñar el cargo y que las funciones que debe cumplir como fiscal general podrían estar "expuestas al riesgo" de que el Ejecutivo "influya en sus decisiones".
Acceder a la Fiscalía General inmediatamente después de cesar de ministra y diputada por el PSOE, dice el voto, "supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad" que ha de exigirse a este órgano.
Los vocales no ponen en cuestión que Delgado cumpla con los requisitos formales para acceder al cargo (más de 15 años de ejercicio efectivo como jurista de reconocido prestigio), si bien cuestionan que cumpla con "el requisito de imparcialidad" que "tan alta responsabilidad implica".
También añade el voto la "dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que haya de abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento" durante su etapa de ministra, como la causa del "procés".
"La confianza de los ciudadanos en que sus tribunales actúan de manera independiente de los demás poderes del Estado exige, como punto de arranque, que exista tal apariencia", indica el texto.
Sostienen además que su deber de garante de la independencia de los tribunales obliga a que "quien lo ejerza sea impermeable a influencias externas indebidas".
