Una juez de Barcelona ha archivado la causa que se abrió al ex número dos del Departamento de Gobernación Francesc Esteve por un acuerdo marco del Govern para la compra de urnas, a raíz de la primera querella que presentó la Fiscalía en su ofensiva contra los preparativos del referéndum del 1-O.

En un auto, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona acuerda archivar provisionalmente la causa contra Francesc Esteve, actual director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, precisamente a instancias de la Fiscalía.

Esteve fue investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra él y contra la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, en junio de 2017, por convocar un concurso para la licitación de urnas que el Govern declaró desierto posteriormente, aduciendo motivos técnicos.

La Fiscalía consideraba entonces que esa licitación pretendía suministrar urnas para el referéndum de independencia, que el Govern había anunciado ya que iba convocar unilateralmente.

Cuando Borràs pasó a seguir investigada por un delito de rebelión por el 'procés', el TSJC acordó remitir al Supremo las diligencias que afectaban a la consellera por el concurso de las urnas y a los juzgados de instrucción de Barcelona las que atañían a su ex número dos, ambos imputados por los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia.

Tras más de dos años de investigaciones, la juez concluye que de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado que la compra de urnas que se publicó en el acuerdo marco de licitación estuviera vinculada al referéndum del 1-O, como alegó el propio imputado, que en su declaración aseguró que eran para las próximas citas electorales.

Urnas para distintas elecciones

El auto recuerda que el acuerdo marco se convocó para licitar empresas que podrían suministrar urnas para distintas convocatorias electorales, pero que el concurso quedó desierto por motivos técnicos, sin que se aprobara "gasto alguno presupuestado" para ello ni ninguna contratación derivada.

Asimismo, la juez razona que el expediente para la compra de urnas fue puesto en conocimiento del propio Tribunal Constitucional, que concluyó que solo sería inconstitucional en caso de que el concurso fuera destinado a suministrar urnas para el referéndum, no para elecciones, consultas populares no refrendarias y procesos de participación ciudadana.

La defensa de Esteve, representado ante los tribunales por el abogado Joan Segura, del despacho Molins & Silva, presentó ya en marzo del año pasado un escrito solicitando el archivo de la causa, al insistir en que las urnas para las que se diseñó el concurso iban a destinarse a elecciones autonómicas o consultas populares, de acuerdo con las leyes vigentes.

En su escrito, añadía el letrado que es "público y notorio" que las urnas utilizadas en el referéndum no fueron suministradas por la vía del acuerdo marco ni tuvieron ninguna relación con el Departamento de Gobernación.

Vox, que ejerce acusación popular en la causa contra Esteve, ha recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia de Barcelona argumentando que, cuando aprobó el acuerdo marco, Esteve actuó "al margen de la Constitución y el ordenamiento jurídico, por encima de los intereses generales, con desprecio al imperio de la ley de manera arbitraria".