El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se convirtió ayer en el primer mandatario catalán en ejercicio sobre el que pesa una sentencia de inhabilitación. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que se le condena a una inhabilitación de un año y medio y una multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat es dura. Torra optó por la respuesta política.

Ahora la pregunta clave, y aún sin respuesta, es cómo afronta JxCat la posible inhabilitación definitiva de Torra si el Supremo ratifica el fallo. En ese escenario, Torra podría adelantarse y convocar elecciones antes de que el vicepresidente, Pere Aragonès, asumiera las funciones de presidente y se buscara un candidato alternativo del Parlament. Otra opción pasaría por intentar lograr ese aspirante. Y, en cualquier caso, en el espacio de JxCat está pendiente la clave: quién sería el candidato tras Torra.

La sentencia judicial, de 58 folios, considera probado que Torra desobedeció de forma explícita y reiterada la orden de la Junta Electoral Central (JEC), que era un mandato "claro e imperativo": retirar la pancarta con los lazos amarillos debido al inicio del periodo electoral para los comicios generales del 28 de abril.

El fallo desmonta todos los argumentos de Torra y recuerda que incluso los servicios jurídicos, en enero, le recordaron que la libertad de expresión no es un valor absoluto en manos del Govern. El Defensor del Pueblo catalán también remitió al president un informe recomendándole que retirara los símbolos. Es más -y eso ya no es objeto del fallo-, hubo miembros del Ejecutivo catalán que discreparon de la contumacia de Torra, que al final ordenó retirar los lazos cuando la JEC mandó a los Mossos hacerlo.

El TSJC también responde al argumento de Torra en el juicio según el cual la JEC no tiene un rango jerárquico superior al president. El tribunal recuerda que Cataluña no dispone de ley electoral propia, por lo que, al ir el caso más allá de una junta electoral provincial, era la JEC la que podía dictar las órdenes. Pero esta supuesta falta de poder del organismo no la esgrimió Torra en sus escritos de abril. Solo en el juicio.

A todo ello se añade que el argumento de Torra sobre la dificultad de retirar todos los símbolos no era congruente con la facilidad con que finalmente se acató la orden de la JEC. En suma, el TSJC recoge "la recalcitrante y reiterada actitud desobediente" de Torra "y su conducta persistente en el incumplimiento de lo ordenado sucesivamente".

Pero de todos estos argumentos técnicos no habló ayer Torra en una comparecencia sin derecho a preguntas. Su estrategia fue la misma que durante el juicio: un desafío político a la justicia española y una proclamación en favor de la autodeterminación. Cargó contra la justicia española pese a que recurrirá al máximo órgano judicial estatal, el Supremo, para agotar todas las vías de defensa hasta llevar el caso a Europa.