La Mesa del Congreso aprobó ayer la lista oficial de diputados, con los votos en contra de PP y Vox. Ambas formaciones coinciden en cuestionar las fórmulas de acatamiento de la Carta Magna, que someterán al criterio del Tribunal Constitucional, aunque mantienen su cruce de reproches mutuos por favorecer el dominio de la izquierda en el órgano que rige la vida parlamentaria.
Los populares y los de Abascal consideran, como ya dejaron constancia durante la sesión constitutiva del Congreso, que algunas de las formas de asumir la Carta Magna no se ajustan al reglamento, por lo que quienes las emplearon carecen de la condición de diputados.
La vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Pastor (PP) entiende que "en algunos casos no se ha cumplido el ordenamiento jurídico", de lo que responsabiliza a la presidenta de la Mesa, cuyo cometido es "velar por el cumplimiento de la legalidad".
Por su parte, el diputado de Vox y vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, entiende que se vulneró la Constitución y se sobrepasó la doctrina jurídica, por lo que su formación presentó un escrito en contra de la legalidad de estos acatamientos, que fue desestimado por el Mesa. Gil Lázaro entiende que la presidenta del Congreso "difícilmente podría dar por válidas dichas fórmulas cuando algunos diputados utilizaron el euskera sin aportar la correspondiente traducción".
PP y Vox llevarán las fórmulas de acatamiento al Constitucional -puesto que ambos disponen de diputados suficientes para tomar esa iniciativa- en el que sería el primer conflicto que llegue al órgano de garantías en la recién iniciada legislatura.
La presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, se ampara en la jurisprudencia del Constitucional sobre las fórmulas de acatamiento para defender que todo el proceso se desarrolló con arreglo a la ley. Batet reprochó a Pastor que en su etapa al frente de la Cámara hubiera permitido las formas de prometer que ahora cuestiona. La presidenta del Congreso se siente con la legitimidad y el respaldo suficiente en la Cámara.
La primera reunión de la Mesa del Congreso sirvió para poner de manifiesto el amplio dominio de la izquierda en el órgano rector de la vida parlamentaria. La lista de diputados, el primer trámite, salió aprobada oficialmente con seis votos a favor (PSOE y Podemos) y tres en contra (PP y Vox).
La visualización de esa diferencia reavivó los reproches mutuos entre PP y Vox por haber permitido que la izquierda tuviera una mayoría más amplia de la prevista. "Fue bastante bochornoso y bastante incoherente", manifestó Ana Pastor respecto al desarrollo de las votaciones para conformar la Mesa. "Primero era PSOE quien quiso poner un cordón sanitario a Vox, que luego acabó siendo quien facilitó su entrada en la Mesa", resumía la expresidenta de la Cámara. "El PSOE pretende seguir haciendo lo que hizo en campaña. Le conviene Vox", resume Pastor.
El diputado de Vox Javier Ortega Smith anticipa que los movimientos de PP y Ciudadanos que les privaron de un segundo puesto en la Mesa pasará "una factura muy alta" a ambos partidos, aunque no serán "revanchistas" en los gobiernos regionales y municipales en los que apoyan a ambas formaciones.
Vox reclamará una posición central en el hemiciclo del Congreso y rechaza ser relegado "al gallinero", como en la anterior legislatura. Este cambio se realizará a costa de Ciudadanos, cuyos diez escaños estarán en un lugar menos visible que ahora. "Exigimos una posición similar a la que tenían en la pasada legislatura otros diputados con los mismos escaños, como Cs", afirmaba ayer Ortega Smith.
