El Tribunal Constitucional mostró ayer por primera vez sus división ante asuntos relacionados con el proceso secesionista catalán ante dos reclamaciones de Oriol Junqueras. El pleno del órgano de garantías rechazó, por 9 votos frente a 3, el recurso de amparo del exvicepresidente catalán contra su situación de prisión preventiva. La mayoría del pleno frenó la propuesta del ponente Juan Antonio Xiol de amparar a Junqueras ante la denegación juez Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", del permiso para acudir a la sesión constitutiva del Parlament en enero de 2018.

En la sesión iniciada ayer, el pleno de doce magistrados del Tribunal Constitucional confirmó las previsiones de ruptura del consenso ante de los recursos derivados de la causa del proceso independentista de Cataluña. Con nueve votos a favor y tres en contra, el tribunal de garantías sacó adelante la ponencia del presidente, Juan José González Rivas en la que niega que se haya vulnerado el derecho a la participación y representación política del líder de ERC. La decisión de mantener la prisión provisional "cumple con las exigencias constitucionales de previsión legal, finalidad legítima y proporcionalidad", establece una sentencia que en su integridad se conocerá en los próximos días. Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Fernando Valdés, del sector progresista, discreparon del resto de los magistrados y emitirán un voto particular conjunto.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas citó al expresidente catalán Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras para el 28 de enero de 2020 a efectos de fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Junto a ellos está citados otros 16 altos cargos de la antigua administración catalana, entre ellos varios consejeros, que podrían enfrentarse a embargos por un monto total de dos millones de euros para hacer frente a la cantidades malversadas. El día de la citación, el Tribunal de Cuentas les comunicará la cuantía de fondos públicos destinados a la consulta, por lo que fijará previsiblemente una fianza para responder ante una posible condena.