El Gobierno andaluz acudirá a un nuevo procedimiento por la vía civil para reclamar a los ex altos cargos condenados por malversación en los ERE los fondos públicos defraudados. Para abrir dicho procedimiento será necesario esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia, por lo que el Ejecutivo de Partido Popular y Ciudadanos reconoce que su pretensión resulta complicada y habrá de esperar mucho tiempo.
Mientras, el Gobierno andaluz pagará hasta 2025 un total de 37 millones de euros de las pólizas de los trabajadores prejubilados "de buena fe" que cumplieron con todos los requisitos legales, a los que el vicepresidente, Juan Marín, transmitió ayer un mensaje de tranquilidad respecto a que sus ingresos están garantizados.
"Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos lo permita para que devuelvan lo que no les corresponde", advierte Marín.
El vicepresidente andaluz reconoce la dificultad de recuperar los 680 millones en que se cifra la malversación de los ERE. Cerrada la vía penal, con la decisión del Ejecutivo que encabezaba Susana Díaz de retirarse como acusación particular, a la Junta únicamente le resta la civil, que Marín anticipa legal y complicada.
Coste de los abogados
Además, el actual Ejecutivo tendrá que hacer frente al coste de los servicios de abogados externos de los antiguos altos cargos condenados, unos fondos que tiene intención de recuperar en el futuro. Marín no precisó a cuánto asciende la minuta de los defensores. El letrado del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías reclama más 200.000 euros, pero "finalmente se le van a pagar 18.000 euros", anticipa el vicepresidente andaluz.
Los abogados de otros antiguos altos cargos condenados están reclamando también "cantidades millonarias" por su intervención en un proceso cuya vista oral se prolongó durante meses.
