El PSOE deja en manos de los militantes andaluces la continuidad de Susana Díaz. Los socialistas intentan zafarse así de las presiones que están recibiendo la actual dirección y el propio Pedro Sánchez después de la publicación de la sentencia de los ERE, una condena sin paliativos a los predecesores de Díaz en la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero también a una década de ejecutivos del PSOE-A que incurrieron en un fraude cifrado en 680 millones de euros.
Mientras Ciudadanos y Podemos Andalucía reclamaban que Díaz renuncie a su escaño en el Parlamento andaluz y "que se vaya a su casa", el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, dejaba claro que el futuro del PSOE-A y de su secretaria general lo decidirán sus militantes. Y Ferraz respetará su decisión, añadió.
Para todo lo demás, Gil tiró de argumentario: insistió en que las responsabilidades políticas que se exigen ahora al partido ya se tomaron hace tres años, cuando Chaves y Griñán, ex secretarios generales y expresidentes de la Junta, dimitieron de sus cargos y se dieron de baja del partido.
Todo lo más, Gil admite que el PSOE reconoce que hubo "una mala gestión de los fondos públicos", pero el futuro de Díaz, repitió, es asunto de las bases: "Es la militancia la que debe tomar las riendas del futuro del partido y nosotros respetaremos su decisión". Y añadió que la actual dirección respetará "sus decisiones, procesos y tiempos para la celebración de los congresos".
Perdón por los hechos
El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, anunció que Díaz romperá su silencio "a lo largo de los próximos días", con todo y que "no hay muchas más explicaciones que dar", porque la expresidenta "ya pidió perdón por los hechos ocurridos".
Pero Cornejo, además, negó que a consecuencia del fallo judicial se haya abierto un debate en el PSOE sobre la continuidad de la líder andaluza, ya que hay "total coordinación" con la dirección federal del partido en este asunto "y todo lo demás son milongas".
En el plano judicial, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el ingreso en prisión de cuatro de los 19 condenados: los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
Guerrero y Fernández, que ya estuvieron en prisión durante la instrucción del caso, fueron condenados a la pena más alta: siete años y once meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y prevaricación.
Fernández y Viera están citados hoy a comparecer en la comisión que investiga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo en el Parlamento regional.
Mientras tanto, los abogados de varios condenados han pedido a la Audiencia de Sevilla una ampliación del plazo, de cinco días hábiles, para preparar los recursos de casación que presentarán ante el Tribunal Supremo. Y los servicios jurídicos de la Junta se aprestan a acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado.
