La inhabilitación del presidente catalán Joaquim Torra para el ejercicio de cargo público se presenta como la opción más probable tras reconocer ayer que desobedeció la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat. Ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo juzgaban, Torra justificó su resistencia a cumplir, en plena campaña electoral en marzo pasado, el requerimiento del árbitro judicial de los comicios por considerar que se trataba de "una orden ilegal".
El jefe del Govern se sentaba ayer en el banquillo en la causa abierta contra él por su resistencia a retirar lo lazos amarillos de la fachada de la Generalitat durante la campaña para las elecciones generales de abril. El presidente catalán dilató durante varios días quitar los símbolos en favor de los líderes independentistas en prisión por la intentona secesionista y al final la sustituyó por otra pancarta en la que reclamaba su libertad.
A diferencia del expresidente Mas y otros altos cargos de la Generalitat que en febrero de 2017 llegaron al TSJC en medio de una gran manifestación, Torra accedió ayer al Tribunal Superior flanqueado por apenas medio millar de personas. Una vez dentro, cumplió lo que había anticipado y convirtió su declaración en una denuncia contra el Estado.
El jefe del Govern solo respondió a las preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, el mismo que se ocupa de la defensa de Carles Puigdemont. Al ser requerido sobre la orden de la Junta Electoral Central de que retirase los lazos amarillos reconoció: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia".
Al final de la vista oral, en su alegado final, una intervención muy preparada, Torra se declaró víctima de un "juicio político" y sin garantías, que busca "alterar el panorama catalán". Anticipa que una eventual condena no servirá para cambiar la "voluntad" ni el "destino" del pueblo de Cataluña. Una sentencia condenatoria "no cambiará la legitimidad" de los miembros del Parlament que lo eligieron. "Si por defender los derechos de mis compatriotas he de ser condenado, bienvenida sea la condena", concluyó.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, mantuvo su petición de un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de la JEC. El símbolo de los lazos amarillos "no es compartido por la totalidad de los catalanes", por lo que "no es neutral" y debe suprimirse en período electoral, expuso la acusación pública. La acusación popular ejercida por Vox solicita dos años de inhabilitación para empleo y cargo público y una multa de 72.000 euros para el presidente de la Generalitat.
La defensa de Torra mantuvo su petición de absolución por considerar que no incurrió en un delito de desobediencia al entender que la JEC carecía de competencias para ordenarle retirar los lazo amarillos, pese a que ejerce también como árbitro de los comicios en Cataluña por carecer la comunidad de su propia ley electoral.
La vista oral se abrevió con la retirada de los llamamientos a testificar de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern Elsa Artadi; el conseller de Interior, Miquel Buch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
Torra se enfrenta ahora una probable inhabilitación, que complicará la situación política catalana. Ante una posible sentencia condenatoria del TSJC, resulta previsible que recurra al Tribunal Supremo y su incapacitación para desempeñar cargo público no será efectiva hasta que se pronuncie la más alta instancia judicial. Esa resolución podría tardar al menos un año en llegar. Sin embargo, el fallo condenatorio del TSJC tendría como efecto inmediato cerrarles las puertas a concurrir a unas elecciones autonómicas que en Cataluña se presumen cercanas.
