El Parlament burló ayer al Tribunal Constitucional (TC), pero el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ya es investigado por la Fiscalía Superior catalana, a instancias de la Fiscalía General del Estado, para determinar si él y el resto de los miembros independentistas de la Mesa incurrieron en desobediencia al permitir la tramitación y votación de una moción de la CUP en defensa del "ejercicio" de la autodeterminación.
El Parlament votó la moción muy poco antes de que el TC notificara a la Cámara la suspensión del acuerdo que permitió tramitar el texto, acción que el Gobierno pidió a la corte que tomara el pasado viernes.
En razón de esa suspensión, que llegó al Parlament tres minutos tarde, la moción no será publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (Bopc), por lo que carece de toda validez jurídica. Pero la mayoría secesionista de la Mesa cumplió el objetivo que se había trazado: debatir y votar la moción de la CUP.
La mañana fue una carrera contra el reloj, que en realidad empezó el lunes, cuando Torrent adelantó un día el Pleno (debía haberse celebrado hoy) precisamente para evitar que el TC suspendiera antes el acuerdo de la Mesa que tramitó la moción. Y todo, para no correr el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia, dado que el TC ya le había advertido en tres ocasiones anteriores de las consecuencias penales que puede tener tramitar mociones que reafirmen el objetivo de la autodeterminación. Ayer lo hizo por cuarta vez.
Torrent anunció que la moción había sido aprobada (con la abstención de los comunes) a las 10.06 horas. Los servicios jurídicos del Parlament recibieron un email del TC notificando la suspensión a las 10.09 horas.
Fuentes de la presidencia del Parlament dijeron que Torrent está dispuesto a asumir las consecuencias que se deriven de la tramitación, debate y votación de la propuesta de resolución de la CUP y no pondrá en riesgo a los funcionarios de la Cámara catalana.
El secretario general del Parlament dio orden a los letrados de no publicar el texto de la moción en el Boletín Oficial, decisión que es siempre potestad de los servicios jurídicos, que también han sido requeridos por el Constitucional.
El texto de la moción de la CUP afirma, literalmente, que el Parlament "expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".
