07 de noviembre de 2019
07.11.2019
Tiempo de Justicia XX

'De Antonio Pérez a Clara Ponsatí'

La decisión de Reino Unido de otorgar refugio a la 'exconsellera' recuerda a la acogida al secretario de Felipe II

07.11.2019 | 14:09
Nicolás González-Cuéllar Serrano, Catedrático de Derecho Procesal y abogado.

La decisión del Gobierno británico de otorgar refugio seguro a Clara Ponsatí frente a la orden de detención y entrega europea dictada por el Magistrado Llarena recuerda la acogida que la reina Isabel II concedió al que fuera secretario de Felipe II, Antonio Pérez, cuya acusación por asesinato de su colega Escobedo y corrupción era tan razonable como infundada resultaba la intervención en el asunto del Santo Oficio por herejía. Sin mucha simpatía por su huésped, la soberana inglesa le concedió su protección y aprovechó sus consejos para atacar a España política y militarmente, en una dinámica de enfrentamiento global entre superpotencias de la época. Murió el traidor Antonio Pérez lejos de su tierra, implorando misericordia del monarca español, pero sin derramar una lágrima por la esclava morisca condenada injustamente en su lugar y ahorcada por el asesinato de Escobedo, ni por el Justicia de Aragón Juan de Lanuza, ejecutado tras la toma de Zaragoza por las tropas reales, tras la sublevación de la ciudad en defensa de sus fueros, aprovechada por el intrigante Antonio Pérez para eludir sus responsabilidades.

Con un pie fuera de la Unión Europea, el Gobierno del Reino Unido muestra hoy en día un lamentable desdén por la prevalencia de la justicia, con la adopción de una decisión política -de clara finalidad electoralista- que permite a su primer ministro satisfacer dos objetivos a un tiempo. El primero, mofarse de un instrumento de cooperación judicial de la Unión Europea, que detesta casi tanto como ansía sumar a su causa los votos de los más fanáticos partidarios de un Brexit sin acuerdo. El segundo, jugar a congraciarse con los independentistas escoceses que coquetean con los secesionistas catalanes, tras haber anunciado el premier que no piensa autorizar referendum alguno durante su mandato que pueda romper el Reino Unido, cuyo futuro fuera de la Unión Europea, a medio y largo plazo, crea mayor incertidumbre que la unidad e integridad territorial de España.

Lo cierto es que a Boris Johnson le es indiferente la conformidad al Derecho de la Unión Europea de la no-conformidad al derecho británico decretada por un ignoto abogado, supuesto especialista en Derecho Internacional, que habla en nombre de su policía para enmendar la plana al Tribunal Supremo de España. Es un Derecho –el Europeo- que pese a haber brindado a esta parte del mundo su más larga etapa de paz y prosperidad, causa rechazo al actual inquilino de Downing Street. Resultaba esperable. Más inquietante, desde la perspectiva española, es que el poder político del Reino Unido tenga tan escaso temor a la reacción de nuestras instituciones democráticas, tanto en el plano judicial como gubernamental.

Cuando en los albores de la euroorden el Tribunal Constitucional alemán declaró inválida la ley que transponía en su país la Decisión Marco europea, al considerar que vulneraba el principio de proporcionalidad, imposibilitando su ejecución por los tribunales germánicos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con buen criterio, suspendió el cumplimiento de las órdenes de detención y entrega procedentes de Alemania, con vuelta a los antiguos procedimientos de extradición entre ambos Estados, hasta que el Parlamento germano aprobó una nueva ley que hacía posible la reciprocidad. Se dio entonces, desde España, una contestación adecuada a la ventajista posición de quien solicitaba colaboración con sus resoluciones judiciales mientras negaba la suya so pretexto de desproporción. Siendo la reciprocidad, conforme a nuestra Constitución, el fundamento de la entrega de fugitivos a otros Estados, debería la misma Sala de lo Penal, honrar nuestra Ley Suprema y la soberanía del pueblo español de la que emana negando al Reino Unido, en lo sucesivo, cooperación judicial para la entrega de sospechosos, hasta que rectifique su actuación.

Asistimos a una burla del do ut des que no surge de la jurisdicción, sino que proviene del poder ejecutivo. Se trata de una decisión política que merece una rotunda respuesta de la misma índole del Gobierno de España. Sin complejos ni tapujos. Veremos si –más allá de las soflamas en el debate electoral- la reacción está a la altura del desafío.

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