El Tribunal Constitucional suspendió ayer el Plan de Acción Exterior de Cataluña atendiendo a una reclamación del Gobierno en funciones, que considera que esta iniciativa excede el ámbito de actuación de la Generalitat y no respeta la competencia del Estado en materia de coordinación de acción exterior. El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, asegura que, pese a esa medida cautelar, el Govern de Torra seguirá "trabajando por la internacionalización de Cataluña". El líder del PP, Pablo Casado, reclama a Pedro Sánchez el "cierre inmediato" de todas las "embajadas" catalanas, desde las que se está "insultado a la democracia española".
En una providencia conocida ayer, el pleno del tribunal de garantías atiende por unanimidad la suspensión cautelar solicitada por el Ejecutivo, y avalada por el Consejo de Estado, contra el plan estratégico de acción exterior y relaciones con la UE 2019-2022, aprobado por el Govern el pasado 25 de junio. La suspensión tiene efecto desde el lunes pasado, cuando el Ejecutivo interpuso el conflicto positivo de competencia. Ahora, el Constitucional da traslado al Ejecutivo de la Generalitat para que aporte los documentos y alegaciones que considere oportunos.
El Gobierno de Sánchez acordó impugnar ante el tribunal de garantías ese plan de acción exterior de la Generalitat al entender que menoscaba las competencias del Estado en política exterior y vulnera el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias.
Como argumentó entonces la portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, el plan no menciona otros sujetos de la acción exterior, obvia la necesidad de coordinarla y omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que realiza. Todo ello enmarcado en el contexto en el que ha sido aprobado, que, en palabras del Consejo de Estado citadas por la portavoz, es el de "un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España".
El conseller Bosch sostuvo ante lo primeros requerimientos del Ejecutivo central que su política exterior es "plenamente legal, legítima y necesaria" y que no iba a mover "ni una coma" del plan. Tras conocer la decisión del Constitucional, ayer manifestaba que "el Gobierno español no impugnará el futuro de Cataluña en el mundo y su internacionalización".
"Tenemos que responder a las ciudadanas y ciudadanos que quieren tener más oportunidades y más competitividad en el mundo", subrayó, poniendo como ejemplo a empresas, asociaciones y entidades, universidades y sindicatos.
Explicó que la Generalitat está trabajando en las alegaciones contra el recurso del Gobierno y que el plazo es de 20 días, y resaltó que la suspensión no afecta a las delegaciones catalanas en el exterior: "Las delegaciones siguen haciendo su trabajo".
