El PNV y Compromís se desmarcaron de un manifiesto suscrito ayer en Barcelona por partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos, en el que reclaman un acuerdo político para Cataluña, la defensa del derecho a la autodeterminación de "nuestros pueblos" y la liberación de los "presos políticos" y diálogo para el regreso de "los exiliados".

Los partidos firmantes del manifiesto, rubricado en la Llotja de Mar de Barcelona, son: BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH Bildu, ERC, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y PDeCat-Junts per Catalunya. A la firma asistieron el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

El PNV justificó su ausencia de la firma "por una cuestión de contenido y otra de contexto", al considerar que el manifiesto apenas tiene "espíritu constructivo" y además no es "el momento más oportuno" a diez días de las elecciones, según fuentes de este partido.

Los nacionalistas vascos alegan que en principio se les planteó la declaración suscrita ayer "como una segunda versión" de la histórica Declaración de Barcelona que en 1998 firmaron CiU, PNV y BNG. "Pero, a diferencia de aquella, la ayer suscrita incide casi de forma exclusiva en la denuncia y en la proyección de una visión negativa de la realidad actual en el Estado español, sin apenas espíritu constructivo y/o propositivo", advierten los peneuvistas.

A la misma hora en que tenía lugar la firma del manifiesto, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechazaba la sentencia del procés y, como en la Llotja de Mar, reclamaba la liberación de los "presos políticos" y el libre retorno de los "exiliados".

La aprobación de esta declaración institucional contó con el voto a favor de Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa, Ada Colau, que se sumó a los de ERC y Junts per Catalunya (JxC). BComú gobierna en coalición con el PSC, que votó en contra de la declaración. El pasado mandato, Colau rompió con el PSC por su apoyo a la activación del artículo 155.

El texto aprobado denuncia "la regresión de derechos y libertades" en el Estado y la "judicialización de la política", y afirma que "Cataluña tiene derecho a la autodeterminación".