El juicio contra el expresident Puigdemont por su liderazgo en el proceso secesionista catalán chocará, si es detenido en Bélgica y puesto a disposición de la justicia española, con la dificultad de encontrar en el Tribunal Supremo jueces no contaminados por las causas relacionadas con la intentona soberanista. De los quince magistrados de lo Penal del Tribunal Supremo, trece han intervenido ya en causas relacionadas con el "procés", lo que los incapacita para enjuiciar otra vez todo lo que tenga que ver con ese asunto. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, expuso ayer esta circunstancia al comparecer ante la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para seguir en su puesto otros cinco años. Marchena lamentó la filtración de la sentencia sobre el "procés", que será investigada por el CGPJ.

Los casi 500 folios de la sentencia que condena a nueve de los líderes de la intentona soberanista catalana a entre nueve y trece años de prisión son el resultado de las contribuciones de "todos y cada uno" de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, sostuvo Marchena, quien adquirió especial protagonismo al conducir la prolongada vista oral y fue ponente del fallo.

Dos días después de hacerse pública la sentencia, Marchena se sometía ayer al "examen" de la comisión permanente del CGPJ para seguir al frente de la Sala, puesto al que es el único aspirante. Su candidatura debía incluir tres sentencias relevantes dictadas a lo largo de su carrera, en la que actuó como ponente en unas 600. Pese a que resulta improbable que vuelva a encontrarse con una causa de la trascendencia de la del proceso soberanista, Marchena no pudo adjuntar la del "procés" por no estaba concluida en el momento de la apertura del procedimiento para cubrir el puesto. Pese a ello, era inevitable que la sentencia quedara al margen de su exposición ante la permanente del Consejo General del Poder Judicial. Para Marchena, se trata de una resolución "muy especial" y de "gran complejidad", que por su contenido, extensión y los problemas que aborda exigió "de todos y cada uno de los miembros de la Sala un esfuerzo deliberativo". Los siete magistrados que formaron el tribunal del "procés" estuvieron dedicados durante meses en exclusiva a la causa, en la que, de una u otra forma, se implicaron otros seis magistrados de la Sala de lo Penal, compuesta en total por quince. En la hipótesis de que se tuviera que repetir "algo de este enjuiciamiento", que hubiera que resolver sobre "hechos similares con distintos protagonistas", en alusión a Puigdemont, Marchena anticipa que podría haber dificultades para integrar el tribunal, ya que solo dos magistrados de la Sala de lo Penal quedaron al margen de la causa y el resto podría resultar recusado.

A preguntas del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que encabezó el tribunal examinador, Marchena se refirió a las filtraciones del fallo antes de que lo conocieran los propios acusados. "Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder", señaló.

Manuel Marchena criticó el exceso de cargos públicos que se encuentran aforados, en los que detecta "el aroma del privilegio". También rechaza el magistrado que las formaciones políticas ejerzan la acción popular y considera que "un partido nunca debe ser parte activa en un proceso penal".