El PNV discrepó ayer abiertamente de la sentencia, en una declaración leída por su presidente, Andoni Ortuzar. Para los nacionalistas vascos, "el fallo es una gravísima decisión que redunda en la irresponsable judicialización de un problema político que, a pesar de sentencias y de autos judiciales, seguirá presente y, llegado al ámbito punitivo, con más fuerza aún".
Ortuzar aseguró que "en Cataluña hay un problema político y la solución a ese problema político no va a venir ni de juicios, ni de sentencias, ni de la aplicación del 155". Los nacionalistas vascos reclamaron la libertad de los dirigentes soberanistas catalanes.
Mientras, ERC proclamó que "la democracia ha muerto en el Estado" y que la hoy vivida es "la mayor agresión" a Cataluña desde el juicio al expresidente catalán Lluis Companys, fusilado en 1940.
Así se expresaron en una rueda de prensa en el Parlament la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta, y el portavoz del grupo del Congreso, Gabriel Rufián, que han comparecido acompañados por varios diputados de la cámara catalana.
"Los catalanes ante estas agresiones siempre nos hemos defendido de la misma manera. En la calle, de manera cívica y pacífica. No conocemos otra forma de hacerlo", ha dicho Rufián, que también ha llamado a responder "en las urnas" al fallo del Supremo: "Si su venganza ha sido una sentencia, la nuestra será una urna".
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió que se explore la vía "más rápida y efectiva" para lograr la libertad de los políticos condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O.
Ha marcado tres objetivos: "Libertad, diálogo y salida democrática al conflicto", y ha pedido a todos los partidos trabajar desde la responsabilidad institucional y no desde la confrontación.
El Ayuntamiento de Barcelona aplazó las comisiones municipales previstas para esta semana hasta la siguiente y convocó un pleno extraordinario para el próximo jueves 17 de rechazo al fallo.
