El Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia. Uno, para anular los acuerdos del Parlament del 26 de septiembre que, entre otras cosas, validaban la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" y el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" para responder a la sentencia. Y otro para que avise al Govern de que puede incurrir en delito penal si desobedece.
No hará otro tanto con la resolución de la Cámara catalana del mismo día que pedía la salida de la Guardia Civil de la comunidad. Porque, como explicó la vicepresidenta, Carmen Calvo, ese "deseo político aberrante" no es recurrible porque no está "al alcance" del Parlament.
