El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer una resolución en la que el Parlament ratifica el derecho de autodeterminación de Cataluña y advirtió al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de las consecuencias penales que puede acarrearle a él y al resto de los miembros soberanistas de la Mesa desobedecer sus dictámenes, en un procedimiento que recuerda al que la corte de garantías siguió en 2017 con la Mesa que entonces presidía Carme Forcadell.

El pleno del TC admite a trámite por unanimidad un incidente de ejecución presentado por el Gobierno, y suspende varios puntos de una resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio: la reafirmación de la reprobación del Rey, la confirmación del objetivo de la independencia y el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Pero, además, tal como hizo en 2017 hasta en seis ocasiones, pide notificar personalmente su decisión a Torrent y a los miembros de la Mesa, y les advierte "de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Y recuerda a Torrent, los miembros de la Mesa y el secretario general del Parlament de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" una sentencia del TC, dictada el 2 de diciembre de 2015, en la que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del Parlament, del 9 de noviembre de aquel mismo año, "sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre". Asimismo, el TC avisa a los integrantes del órgano de Gobierno del Parlament de su obligación de "abstenerse de realizar" cualquier actuación para dar cumplimiento a los incisos de la resolución del pasado 25 de julio impugnados por el Gobierno.

Según informó Efe, los miembros de la Mesa empezaron a firmar ayer por la tarde el escrito del Constitucional en el que se les notifica el incidente de ejecución y se les advierte de las consecuencias penales que puede conllevar el hecho de no acatar sus resoluciones.

Los diputados de JxCat y miembros de la Mesa del Parlament, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, explicaron ayer que no han recogido ni firmado la notificación del Tribunal Constitucional (TC) porque la consideran "ilegítima" y sin base legal, según Costa.

Costa ha lamentado que "llueve sobre mojado" y ha criticado que el Gobierno del PSOE, como ya hizo anteriormente el del PP, "abrace con entusiasmo" la fórmula de impugnar ante el TC, con el fin de "censurar el debate parlamentario en Cataluña".