El Tribunal Supremo rebajó ayer notablemente las condenas por la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016. Así, las penas para los ocho acusados han pasado de estar entre 2 y 13 años de prisión a situarse entre 1 año y medio y 9 años y medio.

La reducción de las condenas tiene su explicación en que el tribunal elimina la agravante de discriminación y la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad (que se mantiene en los de lesiones). Además, anula dos condenas por un delito de lesiones a Aratz Urrizola y otra por el mismo delito a Iñaki Abad.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2016, cuando los dos guardias (de paisano) y sus parejas fueron increpados y agredidos en un bar por un grupo de 25 personas que, rodeándoles, les gritaba: "Os vamos a matar por ser guardias civiles". Hechos "execrables" que se produjeron "al constatar que eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", dice el Supremo, que, sin embargo, entiende que esta circunstancia no basta para aplicar la agravante de discriminación.

Siete de los acusados ingresaron en prisión y todos fueron a juicio acusados, entre otros, de delito de terrorismo, del que la Audiencia Nacional les absolvió. Lo mismo que hizo después la Sala de Apelaciones, razón por la cual la Fiscalía desistió de recurrir este aspecto al Supremo.

No obstante, la aplicación de la agravante de discriminación ha enfrentado a los jueces del Supremo y dos de ellos han emitido un voto particular. La Sala sostiene que al condenar por atentado a la autoridad ya se ha tenido en cuenta que las víctimas eran guardias civiles, por lo que su pertenencia al cuerpo no puede volver a valorarse para aplicar la agravante de discriminación, ni supone, además, "la asunción de una ideología necesitada de especial protección".

Los discrepantes, Vicente Magro (ponente) y Antonio del Moral, defienden que debió aplicarse la agravante por representar la Guardia Civil una institución del Estado y estar basado el ataque en lo que representan las víctimas como miembros de esa institución.

La decisión del Supremo no satisfizo a nadie. Las asociaciones de guardias civiles criticaron la rebaja de penas, pero a la izquierda abertzale y a Podemos les sigue pareciendo "desproporcionadas" las condenas a los acusados.