El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, recibió ayer el visto bueno de los eurodiputados para convertirse en el próximo alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, cargo que ocupará a partir del 1 de noviembre.
El político logró el apoyo de los coordinadores que representan a dos tercios de los parlamentarios de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo (PE), tras someterse a la audiencia ante ellos el lunes.
Diversas fuentes parlamentarias confirmaron a Efe que solo el ultraderechista Identidad y Democracia (ID de Matteo Salvini) votó en contra de Borrell.
El lunes en la Eurocámara, Borrell aseguró que intentaría imprimir a la Política Exterior del club comunitario más ambición para convertirla en un actor global si era confirmado como alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea.
El ministro mostró en la sesión en la Eurocámara su ambición de llevar a la UE a resolver sus problemas de "identidad, posicionamiento y métodos" para convertirse en un verdadero actor global, al nivel de Estados Unidos o China, contando siempre con el apoyo de las capitales.
Ya desde su discurso inicial dejó claro que "restaurar" las relaciones de la UE con EEUU sería una de sus prioridades en un momento de tensiones comerciales o en áreas clave como el cambio climático, pero también elaborar una nueva estrategia política con Asia, con especial atención a las interconexiones, cuyos estándares "van a definir la gobernanza mundial".
Igualmente, aseguró que dirigirá su atención a las reformas y procesos de integración de los Balcanes occidentales, y en concreto anunció que su primer viaje de trabajo sería a Pristina.
Reconoció, asimismo, que Rusia "es un país con el que tendremos que tratar en el futuro" y que "no todo se puede resolver a golpe de sanciones" a Moscú.
Preguntado por la situación en Venezuela, se mostró a favor de las sanciones que la UE aplica selectivamente a autoridades y que no afectan a la población civil.
Borrell también respondió en la audiencia de tres horas ante los eurodiputados a preguntas sobre la sanción a la que hizo frente en España por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de esa compañía.
Aclaró que se trató de una operación por 9.000 euros que representaba el 7 % de sus activos, mientras que retuvo el 93 % restante, que le acarreó pérdidas de unos 300.000 euros", lo que a su juicio demostró que no utilizó ninguna información privilegiada.
