El Parlament ha aprobado este jueves una resolución impulsada por JxCat, ERC y la CUP que defiende una respuesta institucional a la sentencia del 'procés' que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas.
Así se ha aprobado en la votación de las propuestas de resolución del debate de política general en el Parlament, en las que las tres fuerzas independentistas han sumado sus votos para alcanzar la mayoría absoluta -68 diputados en total, con la abstención de los comunes y el 'no' de Cs, PSC y PPC- en favor de la autodeterminación y de una amnistía si los líderes del 'procés' son condenados.
En concreto, con esta resolución, el Parlament se compromete a que, si la sentencia del Tribunal Supremo es condenatoria, buscará "soluciones para conseguir la libertad" de los condenados "a través de la aplicación de una amnistía".
Además, el Parlament "se conjura para liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, las libertades, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación y respeto de la democracia".
Ante una "eventual sentencia condenatoria injusta", el Parlament apoya también el "ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas".
El Parlament pide la retirada de la Guardia Civil de Cataluña
El Parlament ha aprobado, también con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.
En la segunda y última jornada del debate de política general en el Parlament, el pleno ha aprobado esta resolución con los 65 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, ocho abstenciones de Catalunya en Comú Podem y 56 votos en contra de Ciudadanos, el PSC y el PPC.
La resolución, impulsada inicialmente por JxCat y ERC, defiende "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dado que se han mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales".
Asimismo, el texto aprobado reclama la "dimisión inmediata" de la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, por ser "manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía".
