10 de septiembre de 2019
10.09.2019

El Poder Judicial teme que su interinidad derive en descrédito

El Rey abre un nuevo año de la judicatura marcado por la sentencia de la causa contra el proceso secesionista catalán

10.09.2019 | 00:47
Carlos Lesmes y Felipe VI conversan antes del inicio del acto de apertura del año judicial. // Efe

El Poder Judicial se enfrenta a un año marcado por la sentencia del juicio al proceso secesionista, una resolución que previsiblemente llegará en octubre y que se enfrentará a una gran contestación política. En este contexto, la interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que PSOE y PP no consiguieron renovar una vez superado su mandato, pese a tener ya cerrado el acuerdo, puede ser un factor de descrédito de la judicatura. Este fue el temor que ayer manifestó el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ante el Rey en la apertura del año judicial. Lesmes expuso la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces tras más de nueve meses en funciones a causa de la parálisis política y teme que este retraso "contribuya al descrédito" del poder judicial, que "no debe correr el riesgo de verse debilitado por causas que le son completamente ajenas". El órgano que "tiene asignada como crucial tarea la de velar por la independencia de jueces y magistrados" se encuentra ahora en situación provisional por "una anomalía en el funcionamiento de las instituciones", afirma Lesmes en alusión a la situación de paralización política.

El juicio al proceso secesionista catalán estuvo muy presente en la apertura del año judicial. El acto se celebró en la misma sala en la que se desarrolló la larga vista oral. En respuesta al llamamiento del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, a la "desobediencia civil" en el caso de una sentencia que no sea absolutoria, Lesmes afirmó que "el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial" porque "nuestro Estado no será democrático si no se garantiza el respeto al derecho". Más directa, la fiscal general del Estado, María José Segarra, manifestó la "imperiosa obligación" de todos los españoles de "acatar la sentencia que se dicte" en el juicio a los líderes independentistas, "sea cual sea el sentido de la misma", puesto que la "única forma posible" de garantizar la convivencia en un Estado democrático es el respeto a la ley.

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