El juez instructor del "caso Púnica", Manuel García Castellón, imputó ayer a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes y las citó a declarar en octubre en el marco de la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El magistrado también imputa a Ignacio González y varios exconsejeros, pero a Aguirre le atribuye "un papel decisivo y esencial" en la financiación irregular del PP madrileño; y hasta tal punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas electorales.
En su auto, el juez cita a decenas de personas en calidad de testigos e imputados por esta pieza para que declaren entre el 9 de septiembre y el 18 de octubre, aceptando así las peticiones que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción. A Cifuentes la llama a declarar el 1 de octubre y a Aguirre, el 18.
Otros imputados son el empresario José Luis Ulibarri, ya vinculado con otros casos de corrupción del PP como Gürtel o Enredadera; Aurelio García de Sola y Arriaga, pariente del marido de Aguirre, y Alfonso Granados Lerena, hermano de Francisco Granados, principal acusado de la trama Púnica.
En la pieza número 9 se investiga la financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.
Según el auto de imputación de Aguirre, al que tuvo acceso "Efe", el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la ley Electoral.
"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el juez. Campañas que, según puntualiza, "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".
Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
El instructor cree que Aguirre "se apoyó" en ellos, también imputados, para que "ejecutasen sus decisiones" y considera que "el impulso y la supervisión de todo el entramado" pivotaba en la presidenta de la Comunidad y de Fundescam, fundación "directamente vinculada" al PP de Madrid y que también sirvió como "trasvase de fondos".
El juez sitúa a Aguirre en la "más alta supervisión" de la contratación de varios servicios para la campaña de 2007 que superaban el coste previsto por la ley. Junto a González, Granados y Gutiérrez, "convinieron" la forma en que el PP "afrontaría el pago" de los mismos, de manera que fuese en realidad la Comunidad quien lo abonase "de manera encubierta".
Según el auto, "el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros (...), consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos" de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a ellas.
El juez recuerda que en 2012 Ignacio González pidió "un millón de euros para sanear la caja B" del PP de Madrid, "maltrecha tras la 'fastuosa' campaña" de 2011, y "para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales" de la del 2015.
