La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes (PP) rompió ayer su silencio, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese la pasada semana al juez del "caso Púnica" su imputación, y la de la también expresidenta Esperanza Aguirre, por financiación ilegal del PP.
"Supongo que estoy pagando no haber bailado al son que algunos marcaban y haber levantado determinadas alfombras, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar", escribió Cifuentes en la red Instagram, donde poco antes había subido una foto suya en la que aparece posando ante el Palacio de Oriente.
La Fiscalía sospecha del papel de Cifuentes en la financiación irregular del PP madrileño porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas en las que habría beneficiado a empresarios que, a su vez, hicieron donaciones a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), que ella misma presidía.
Además, Cifuentes está investigada en el "caso máster", acusada de un delito de falsedad documental por presuntamente haber inducido a falsificar el acta que debía acreditar la entrega de su trabajo final de máster. El fiscal solicita tres años y tres meses de cárcel.
La petición fiscal de imputación de Aguirre y Cifuentes planea sobre la ronda de contactos iniciada ayer por el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, para la investidura como presidenta de Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso.
Trinidad recibió al portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, quien manifestó que la investidura de Díaz Ayuso "no se puede permitir por higiene democrática" y consideró que a Cs y Vox, los socios del PP, "se les debería caer la cara de vergüenza".
"¿La señora Rocío Monasterio (Vox) y el señor Ignacio Aguado (Cs) pueden poner la mano en el fuego por la señora Ayuso? ¿Nos pueden garantizar que no vamos a estar dentro de un año, de dos años, en una situación similar a las del pasado y teniendo que avergonzarnos de la Presidencia que tenemos?", remachó Errejón. El portavoz calificó el pacto tripartito de "prórroga a una formación política sobre la que todos los tribunales dicen que encuentran serias pruebas de que se ha financiado ilegalmente al menos desde el año 2003".
