Las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil han estrechado el cerco a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que impute a Aguirre, al igual que a su sucesora, Cristina Cifuentes, por presunta financiación ilegal del PP de Madrid. La Fiscalía solicita también que se cite a la empresa Indra y a su expresidente Javier Monzón.
De aceptar la petición fiscal, Aguirre y Cifuentes pasarían a engrosar la lista de investigados en la pieza número 9 del caso, que versa sobre el posible "desvío de fondos" para financiar ilegalmente campañas electorales como la de 2011, en la que Aguirre se presentaba como candidata a la presidencia de Madrid. También se sospecha su participación en reuniones clave para la financiación ilegal de las campañas de 2003 y 2007.
Fuentes fiscales explicaron que se estima que Aguirre pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del PP con dinero de empresas adjudicatarias de contratos públicos como Indra, entre otros mecanismos.
La petición fiscal se basa, entre otros indicios, en un informe de la UCO en el que se concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña de 2011 de Aguirre a través de una serie de pagos camuflados. El informe sitúa a la expresidenta -que también ha sido exministra y expresidenta del Senado- en reuniones en las que se pudo debatir la cuestión.
La investigación se abrió tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
En el caso de Cifuentes, se considera que tuvo un papel en la financiación irregular por haber participado en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su condición de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la cual, según sospechas de los investigadores, se desviaron hacia el PP sumas donadas por empresas.
En un informe de 2017, la Guardia Civil ya había sugerido que se investigara a Cifuentes por posibles delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011. En esos años, Cifuentes era presidenta de la mesa de contratación y habría favorecido al grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, que a su vez donó al Partido Popular 160.000 euros a través de Fundescam.
