El Tribunal de Cuentas revocó ayer una sentencia que condenaba a la exalcadesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo a pagar 22,7 millones por la venta en 2013 a un "fondo buitre" de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La resolución fue adoptada por dos votos contra uno de los tres consejeros de la Sala y responde al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de diciembre de 2018.

Se da la circunstancia de que los dos miembros de la sala que votaron a favor de revocar la sentencia, Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, fueron nombrados a propuesta del PP y que la primera fue, además, ministra de Justicia cuando José María Aznar, marido de Botella, era el presidente del Gobierno.

La sentencia, dictada por la consejera de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez, considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles (159 millones), y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones.

Entre los motivos del recurso figuran que no existió daños a los caudales públicos, ni acción antijurídica ni actuación culposa alguna de los dirigentes de la EMVS.