La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha dado carpetazo definitivo a la causa que investigaba las presuntas irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. Tres magistradas de la sección quinta, la misma que juzga desde el pasado 15 de abril al conseller Rafael Blasco, dan así la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a varios acusados que recurrieron la negativa de la jueza de Instrucción 17 a archivar la causa.

De hecho, la magistrada decidido el pasado 14 de junio abrir juicio oral contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y trece personas más por las supuestas irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1, sin esperar a lo que decida la Audiencia de Valencia sobre el futuro de la causa. La jueza pretendía sentar en el banquillo de los acusados al exjefe del Consell, al exconseller de Infraestructuras Mario Flores, al exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui, dos técnicos de la Conselleria de Infraestructuras y nueve empresarios que participaron en el diseño y construcción del circuito.

Entre los recursos de apelación presentados ante la Audiencia de Valencia para que se archivara la causa se encuentra el de la Fiscalía Anticorrupción quien defendió que la malversación no estaba acreditada, porque la Intervención de la Generalitat no vio perjuicio para el erario, y la presunta prevaricación habría prescrito. Precisamente esta investigación se inició tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 29 de enero de 2018 por los presuntos delitos de «prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental».

Quien sí había decidido seguir acusando al expresidente Camps era la Abogacía de la Generalitat porque consideraba que había malversado 55 millones en la construcción del circuito de Fórmula 1. Una cantidad invertida en adecuar la zona de la Marina, de paddocks y boxes que «no resulta en ningún caso recuperable» . «La decisión del señor Camps de construir el Gran Premio de Europa, imponiendo al Gestor de Transportes y Puertos (GTP) a través del decreto 3/2007, obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», según defendía la Abogacía en un escrito. Unos argumenos que no han dado por buenos los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de Valencia.