Gibraltar interceptó ayer un superpetrolero que transportaba crudo a una refinería de Siria, un país en guerra desde hace ocho años y sujeto a sanciones de la Unión Europea.

El Gobierno está estudiando las circunstancias para comprobar si el caso afecta a la soberanía española, ya que el abordaje tuvo lugar en aguas en disputa.

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, confirmó que España estaba al corriente de la operación y que la Guardia Civil se ocupó de asegurar la zona del abordaje.

Irán convocó al embajador del Reino Unido en Teherán y un portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Mousavi, calificó la captura del buque de "ilegal".

Y el Gobierno de Pedro Sánchez planea presentar una queja formal ante el Ejecutivo británico por la interceptación del petrolero más allá de las aguas del puerto del Peñon, que España considera propias, según el Tratado de Utrecht.