La respuesta de la ultraderecha al varapalo del martes en las Corts Valencianes no se ha hecho esperar. Un día después de que todos los partidos con presencia en el parlamento valenciano secundaran la iniciativa del presidente, Enric Morera, de llevar a la Fiscalía por presunto delito de odio la petición de documentación de Vox sobre ayudas a colectivos LGTBI y el detalle de las personas que trabajan con menores, el partido de derecha radical abrió otro frente.
La formación registró por la mañana en las Corts una pregunta sobre la aplicación de la ley de Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunitat Valenciana. Vox quiere saber, en concreto, si la ley aprobada por las Corts en 2017 se aplica «a todos los casos y en todos sus términos y sin excepción de españoles caídos en la Guerra Civil en ambos bandos de la contienda», recoge.
El escrito está firmado por el portavoz adjunto en las Corts, José María Llanos, y es una interpelación al Consell para su inclusión en el próximo pleno.
Las competencias en Memoria Histórica estaban hasta ahora en la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, que fue quien impulsó la ley, pero con la nueva remodelación del Consell han pasado a Participación y Transparencia y las ostenta la coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez, que será por tanto la que tendría que ser interpelada por Vox si la petición de la formación de ultraderecha acaba por tratarse en el pleno.
A semejanza de Andalucía
La posición de Vox sobre la ley de Memoria Histórica es directamente su derogación. De hecho en Andalucía no ha dejado de presionar a Ciudadanos y PP, partidos a los que sostiene en el Parlamento andaluz, para su eliminación y conversión en una ley de Concordia. En aquel parlamento, un diputado de Vox ya se refirió hace unos meses a los defensores de la ley de Memoria Histórica como «buscadores de huesos y estrategas del revanchismo». Muchas de las peticiones que está realizando Vox en las Corts Valencianes en las primeras semanas siguen el camino abierto por sus diputados en Andalucía, como ha ocurrido con las ayudas a colectivos LGTBI.
Según este partido, toda la legislación andaluza en materia de memoria es «totalitaria». La ley de Memoria Histórica andaluza se aprobó también en 2017, unos meses antes que la valenciana.
El propio firmante de la petición y diputado en las Corts, José María Llanos, ya aseguró en un acto de campaña electoral que no deberían permitirse «homenajes en fosas», pese a que aún quedan restos de miles de desaparecidos de la represión franquista. También en mítines electorales se ha escuchado a dirigentes de Vox culpar al «sectarismo de la izquierda» de provocar la guerra española.
La ley de Memoria Democrática aprobada por las Corts dignifica y repara a las víctimas del franquismo y refuerza la norma estatal, según dijo en su momento la consellera Bravo. Recoge la creación de un registro de bebés robados durante la dictadura y un registro de ADN con muestras de afectados, la inscripción en el registro civil como fallecidos de las personas desaparecidas y el impulso a planes anuales de financiación de apertura de fosas. La apoyaron PSPV, Compromís, Podemos mientras Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.
