El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó ayer al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, a un paso de ser juzgado por desobediencia al incumplir la orden de la Junta Electoral de retirar de edificios públicos durante la campaña los lazos amarillos y pancartas a favor de los presos del procés.

En un auto, el magistrado del TSJC Carlos Ramos, instructor de la causa abierta a Torra a raíz de una querella de la Fiscalía, da diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o solicitando el archivo de la causa, tras concluir que existen indicios de que pudo cometer un delito de desobediencia o, alternativamente, denegación de auxilio.

En su escrito, que se puede recurrir, el juez rechaza la petición de Quim Torra de archivar el caso, porque la posibilidad de cumplir los mandatos de la Junta Electoral Central (JEC) estaba "perfectamente" a su alcance y, pese a ello, optó por "persistir en la desobediencia" por su "clara voluntad obstativa a su cumplimiento".

El magistrado resalta que los lazos amarillos, las esteladas y las pancartas pidiendo la libertad de los presos representan "los anhelos de independencia de Cataluña y su constitución en forma de república", que en estos momentos identifican "legítimamente" unos partidos y parte de la ciudadanía, frente a otros partidos y ciudadanos que se oponen "con idéntico afán y no menos legitimidad".

Esos símbolos, apunta el juez, pueden ser "legítimamente utilizados" por las formaciones políticas que lo deseen, "pero no pueden ser exhibidos por las administraciones y por los poderes públicos sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad, al menos no durante los periodos electorales".