Vox ya no exige consejerías para apoyar la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, pero a cambio pone como condición que Partido Popular y Ciudadanos pacten con su partido un "programa de gobierno único", negociado y firmado por las tres fuerzas, que incluye medidas muy controvertidas sobre inmigración y la derogación de parte de la leyes LGTBI que el cabeza de cartel de Ciudadanos, Ignacio Aguado, rechazó ayer mismo de plano.
La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, fue muy clara, pero Aguado no le anduvo a la zaga: "No habrá un gobierno bajo esas condiciones".
Para Aguado, Cs no puede llegar "a ningún tipo de acuerdo con partidos que quieran hacer retroceder la Comunidad, frivolicen con la violencia machista o estigmaticen a los emigrantes", sino solo con formaciones que quieran "progresar".
Dado que esta última frase daba pide a pensar que Cs podría abrirse entonces a negociar con el socialista Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones, Aguado tuvo que aclarar sus palabras. Y fue igual de claro: "No hay mayor retroceso para la Comunidad que gobiernen Errejón y el PSOE. Está descartado, si dependen de nuestros votos Errejón y Gabilondo no gobernarán la Comunidad de Madrid, porque quieren subir impuestos, aplicar el modelo de política con el que nosotros estamos en contra, como la política fiscal. Nuestro socio preferente es el PP", insistió.
En cambio, Ayuso se dijo dispuesta a negociar pero sin entrar "en ningún debate estéril que vuelva a dividir la sociedad", así que reclamó "cautela" en las peticiones que afectan a la inmigración y al colectivo LGTBI, aunque sí aceptó revisar las leyes que Vox exige derogar parcialmente porque quiere evitar "cualquier desmán, por un lado y por el otro".
Vox plantea en Madrid crear una Consejería de Familia y Natalidad. Que se apruebe un "pin parental" que permita a los padres "excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones". Repatriar a los "menas" (menores migrantes no acompañados) que lleguen a Madrid y "requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña". Por último, derogar varios artículos de dos leyes que protegen los derechos de los LGTBI.
