Los alegatos finales de los acusados estuvieron precedidos por los informes finales que presentaron los abogados de cinco de ellos (Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Santiago Vila). Las más beligerantes fueron las defensoras de Cuixart, Marina Roig, y Forcadell, Olga Arderiu.
Ambas letradas afearon a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado su "tergiversación" de los hechos para acusar a sus clientes por rebelión. Arderiu lo resumió así: "De lo que se trata aquí es de exagerar la conducta de la señora Forcadell". Y Roig advirtió, ya al inicio de su exposición, que "la unidad de España no puede enturbiar un derecho fundamental. No se puede ponderar entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales".
Lo que debe dilucidar la Sala, añadió, es si lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue una cadena de hechos delictivos o un ejercicio del derecho de reunión (así, el 20-S).
"Sobredimensión"
Mariano Vergés, abogado de Bassa, alertó por su parte de la "sobredimensión" de los hechos enjuiciados, y en una exposición del todo coincidente con la de Javier Melero, el letrado de Joaquim Forn, afirmó que el Estado no necesitaba emplear la fuerza para impedir el 1-O, "le bastaba con no reconocer el resultado". Y, además, la votación "no supuso un grave peligro para el sistema constitucional". Si no, razonó, se hubiera declarado el Estado de sitio.
