Después de cuatro meses de proceso judicial y centenares de testigos, el único delito que los abogados de los acusados en el juicio del "procés" están dispuestos a reconocer es el de desobediencia. Ni rebelión, ni sedición, ni malversación, como sostienen las acusaciones, sino una "desobediencia de toda la vida" que la Fiscalía "confunde" con la rebelión (que requiere un "alzamiento público" y una violencia que no se registraron, en opinión de los letrados) y la Abogacía del Estado con la sedición, porque tampoco se alentó una movilización tumultuaria para impedir la acción de los cuerpos de seguridad en la jornada del 1-O.
Con los alegatos finales de las defensas, el juicio del "procés" empezó a cubrir ayer sus últimos metros. Y dado que el pasado martes los fiscales elevaron al máximo el listón de las acusaciones comparando lo ocurrido en Cataluña en 2017 con un "golpe de Estado", los letrados se emplearon a fondo para desacreditar y desmontar sus argumentos. El primero en intervenir, Andreu Van den Eynde, que defiende a Oriol Junqueras y a Raül Romeva, lo resumió así, en referencia a la multitudinaria protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía: "Tenemos dos coches rotos y ellos (los fiscales) hablan del apocalipsis".
"No es un alzamiento, sino protestas y manifestaciones", aseguró en la sesión de la tarde Jordi Pina, en representación de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. "¿La violencia para alcanzar la independencia de una parte del territorio son escupitajos o el lanzamiento de una valla?", se preguntó Pina, en una jornada en la que los letrados se valieron de la ironía tanto como de la técnica jurídica para tratar de desbaratar los argumentos de las acusaciones.
"Aquí ha habido mucho ruido, estridencias, exageraciones que nos ha apartado de la melodía de los hechos", protestó Van den Eynde, que comenzó su alegato denunciando, como hiciera en la jornada inicial del proceso, el pasado 12 de febrero, que el juicio es el resultado de una "causa general y prospectiva, de una nulidad radical", contra el movimiento independentista.
"Lo que se persigue es una ideología", advirtió el abogado de Junqueras y Romeva, para, a renglón seguido, avisar a los siete magistrados que componen el tribunal de que la sentencia que emitan "creará derecho, porque no hay precedentes". Dicho de otra manera: "Creará el Código Penal que se puede aplicar a la disidencia".
Van de Eynde reconoció que sus clientes pudieron incurrir en desobediencia -una novedad respecto a febrero, aunque sea el único delito de los que se les acusa que no comporta cárcel, sino solo inhabilitación- porque hicieron caso omiso de los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC). Pero negó que las acusaciones hayan presentado pruebas que los vinculen con la violencia "idónea" que requiere el tipo penal de la rebelión, es decir, una que pueda doblegar al Estado. Prueba de ello, recordó, es que el Gobierno de Mariano Rajoy no decretó el Estado de sitio. El mismo razonamiento al que después recurrió Javier Melero, defensor del exconsejero de Interior Joaquim Forn, quien dejó sentado que el Estado de sitio es "un baremo para saber la entidad de la amenaza que va a habilitar al Estado para la respuesta más radical , el poder militar".
Melero también admitió que su cliente desobedeció. "Si la desobediencia puede derivarse de participar en un Gobierno que dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del TC, contra eso no puedo hacer nada". Y agregó, sabedor de que el delito no acarrea pena de cárcel: "Esa trinchera la cedo con gusto".
Pero acto seguido arremetió contra el fiscal Javier Zaragoza, quien, al comparar el "procés" con un golpe de Estado, "banaliza" el concepto de violencia asociado" al delito de rebelión y, además, "falta al respeto a todos los muertos de nuestros sangrientos pronunciamientos militares".
Después se esforzó en probar que no se dio "el menor concierto entre el Govern y los Mossos", defendió a Forn porque no hubo, por su parte, "ninguna injerencia" en la "estructura" de la Policía autonómica en lo tocante al dispositivo de seguridad del 1-O, y el único "plan con cara y ojos" fue el de los agentes catalanes.
Y no hubo rebelión -ni siquiera en la versión "posmoderna", sin armas ni alzamiento, que la Fiscalía "innova"- porque, además de no darse la violencia que exige el delito, el Govern no declaró la independencia", pues carecía de la "capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo". Y cuando el Gobierno de Rajoy, que nunca consideró la posibilidad de declarar el Estado de sitio, activó el artículo 155, este "fue acatado de inmediato y funcionó perfectamente".
En su turno, Pina reprochó a la Fiscalía que no haya precisado cuándo se puso en marcha la rebelión que imputa a 9 de los 12 acusados. Y sin eso, "no tenemos nada más", solo "protestas". Además, negó la malversación al no haber podido probar las acusaciones que haya facturas, encargos o compromisos de gasto.
