El debate de los salarios en la clase política se convirtió en recurrente cuando explotó la desafección contra las instituciones. Desde entonces, los diputados en el Congreso están obligados a cumplimentar una declaración de bienes al entrar en la Cámara, que además de ser un ejercicio de control y transparencia, se ha convertido también en un foco de interés para escudriñar el patrimonio -cuentas, salarios, hipotecas, planes de pensiones- de sus señorías.

Entre los parlamentarios gallegos que salieron elegidos el 28-A, hay de todo. Despunta por ejemplo el diputado ourensano del PP, Celso Delgado, cuyos depósitos bancarios rozan los 600.000 euros (597.880, en concreto). A su hacienda, que no tiene deudas, hay que sumar cuatro propiedades inmobiliarias, incluido su despacho de abogados, un plan de pensiones valorado en 183.000 euros y acciones y derechos por 410.000, como las de la bodega Terras Gauda.

En lo alto del ránking le sigue la expresidenta del Congreso y diputada popular por Pontevedra, Ana Pastor, que, también sin pasivos, declara tres inmuebles -dos pisos en Pontevedra y uno en Madrid-, una plaza de garaje, y recursos en el banco por valor de 658.247 euros, compartidos, eso sí, al 50% con su marido. Además, Pastor hace público un plan de pensiones que supera los 106.000 euros.

En las filas socialistas, en términos de liquidez, quien más declara es el pontevedrés Guillermo Meijón. Desvela en cash 160.732 euros y un plan de pensiones nutrido con casi 60.000 euros. A su nombre, por otro lado, consta una finca rural, una vivienda en Pontevedra, una parcela en Poio y una plaza de garaje. Al igual que Pastor y Delgado, Meijón tampoco declara deudas.

En Ciudadanos, despunta Marta Rivera de la Cruz, dado que la otra parlamentaria elegida por las filas naranjas, Beatriz Pino, está pendiente de tramitar su declaración de bienes. De la Cruz, de profesión escritora y diputada en la pasada legislatura, ingresó por derechos de autor 9.448 euros. Su cuenta bancaria dispone de 89.158 euros, suyo es un depósito de 59.480 euros, y maneja un patrimonio inmobiliario de una vivienda en Madrid, y dos pisos compartidos (por herencia) en Lugo.

En el otro lado de la balanza se encuentran los parlamentarios que, o bien han contraído deudas con las entidades para engrosar sus activos, o bien declaran menos liquidez en sus cuentas bancarias. Dentro del PP, el vigués Diego Gago, el más joven (31 años) no declara ningún inmueble, pero sí una cuenta con 26.354 euros.

Su caso es distinto a la de su compañera de filas, la parlamentaria coruñesa María Valentina Martínez, quien, con un salario bruto de 61.816 euros el pasado año, hace constar depósitos por 33.257 euros y una deuda de un hipoteca de 320.000 euros firmada el pasado mes de abril.

Dentro del PSOE, la viguesa Ángeles Marra, exconcejal en el Concello, sobresale como la diputada socialista con mayor pasivo -una hipoteca con 282.017 euros por abonar- y la gallega con una liquidez bancaria más estrecha: da cuenta de 2.280 euros en el banco, pese a que el partido le adeuda 1.000 euros de un microcrédito. Meijón, y el coruñés Pablo Arangüena, también prestaron dinero al PSOE.

Dentro del grupo de En Común-Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino dispone de un cifra similar en líquido (2.726 euros), tras haber contraído una hipoteca en la que adeuda casi 95.000 euros. Yolanda Díaz, por su parte, declara una cuenta con 4.316 euros y deudas por 53.877.