El proceso secesionista catalán tomó la forma de un golpe de Estado, con arreglo a la definición clásica de "sustitución un orden jurídico por otro por medios ilegales". Hubo un "concierto delictivo "entre el Parlament, el Govern y las asociaciones civiles, que culminó con una proclamación efectiva de la república, y hubo rebelión porque existió violencia "física, intimidatoria y con fuerza de las cosas" durante el "mes insurreccional", cuyo epicentro fue el referéndum ilegal del primero de octubre de 2017.

En ausencia del "procesado rebelde" Carles Puigdemont, el "motor principal" de todo ese entramado, entre la docena de acusados que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo, es el entonces vicepresidente Oriol Junqueras. Sobre esas líneas principales construyó ayer su informe final el Ministerio Público en la jornada número cincuenta de la vista oral de la causa contra el proceso secesionista.

Durante cuatro horas, los cuatro fiscales de sala que intervinieron en la vista expusieron los hechos y las argumentaciones jurídicas sobre las que se sustenta su petición de penas que oscilan entre los siete y los veinticinco años de prisión. El primero, contundente y sin ahorrar adjetivos, fue el fiscal Javier Zaragoza, con una exposición de conjunto, en algunos de cuyos aspectos, como la violencia o la malversación, incidirían después los otros tres representantes del Ministerio Público. Zaragoza culminó ayer con un salto final, el de la calificación del proceso secesionista como golpe de Estado, la línea abierta el 31 de octubre de 2017 por el entonces fiscal general, el fallecido José Manuel Maza, quien a lo pocos días de la ambigua declaración de la república catalana por Carles Puigdemont en el Parlament, interpuso una querella por rebelión contra lo líderes del independentismo. Sobre esa base, y pese a ser cuestionada por numerosos juristas, levantaría con posterioridad la instrucción el juez Llarena.

Al ratificarla ayer, el fiscal Zaragoza puso ante la Sala sus certezas. Comenzó por desmontar las descalificaciones de los acusados y su entorno político y mediático. El objeto del juicio, que, a falta de otras dos sesiones, ya está a punto de culminar, "nada tiene que ver con la victimización de la ideas políticas". Los acusados intentaron "liquidar la Constitución" con "procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia cuando fue necesario". "La única violación de derecho civiles es la que están sufriendo en Cataluña quienes defienden la Constitución", sostuvo Javier Zaragoza, una de las afirmaciones que lo convertiría ayer en objeto de las críticas de las defensas y del soberanismo. El fiscal rebatió "el axioma del independentismo que pone la voluntad popular por encima de la ley", cuando la ley "es la expresión democrática de la voluntad popular".

Las pruebas confirman el escrito de la acusación, expuso Zaragoza, para quien la vista oral deja la impresión de que el proceso secesionista "fue un mal sueño, ninguno se hace responsable". Sin embargo, "hubo una situación de grave riesgo para el orden constitucional, se declaró la independencia de la república catalana y se derogó la Constitución". Y todo ello con la concurrencia de tres elementos primordiales: el Govern, la movilización de las asociaciones en la calle y el auxilio de la "pasividad" de los Mossos.

El fiscal desacreditó la labor de la policía autonómica durante los días previos a la consulta ilegal y en la jornada de su celebración, aunque utilizó las declaraciones de sus máximos responsables, con el mayor Trapero al frente, contra la cúpula política, que desoyó las advertencias de los mandos sobre la violencia que podría alcanzar el proceso soberanista.

La violencia es un requisito indispensable para sostener el delito de rebelión y marca la diferencia con el sedición, la tipificación que ayer defendía la Abogacía del Estado al considerar que "la violencia no era uno de los elementos estructurales del plan" soberanista. Zaragoza ironizó sobre "el nuevo concepto de violencia pacífica" que , en su opinión acuñaron, lo peritos de la defensa para atenuar el alcance de los enfrentamientos. "La violencia no exige presencia de armas ni de militares", apostilló el fiscal. En sus intervenciones posteriores, los otros representantes del Ministerio Público ampliaron esta visión al cifrar Jaime Moreno en 1.093 los heridos el 1-O, con lo que unifica el número de policías y civiles. "Sin violencia física no hubiese sido posible cruzar caminos necesarios en la hoja de ruta unilateral", insistió Moreno.

En la gradación de responsabilidades entre los acusados, Javier Zaragoza identificó a Oriol Junqueras como "motor principal de la rebelión por el liderazgo que asumió". El entonces vicepresidente de la Generalitat estuvo en los escenarios principales del "procés", asumió el control de la mecánica electoral, fue el encargado de desarrollar el referéndum y de promover las nuevas estructuras de Estado, además de llamar de forma reiterada a los catalanes a acudir a las urnas.

Zaragoza se centró después en Joaquim Forn, entonces consejero de Interior, a quien atribuyó tener "control absoluto sobre los Mossos", lo que permitió "simular que cumplían las órdenes judiciales" de impedir el referéndum, al tiempo que "facilitaban su celebración". Las siete conversaciones que Forn mantuvo el 20 de septiembre con Jordi Sànchez, durante el cerco a la Consejería de Economía, lleva al Ministerio Público a calificar de "increíble que Sànchez y Cuixart fueran los dueños del orden público en Barcelona ese día". Consuelo Madrigal desmenuzó la acusación de malversación, mientras que Fidel Cadena remató el tiempo del Ministerio Público con la argumentación jurídica. "La sedición afecta a la tranquilidad pública, la rebelión a los cimientos del Estado de derecho", distinguió, antes de que la Abogada del Estado, Rosa Seoane, rebajara el delito principal que les imputa a los acusados.

Seoane sostuvo que la violencia no fue "un instrumento nuclear" para cumplir los objetivos del "procés", y tampoco resultó "idónea, suficiente o proporcionada" para conseguirlos, por lo que no cabe hablar de rebelión. Esta distinción desató en su momentos acusaciones a Pedro Sánchez de rebajar la gravedad de los delitos para ganarse los apoyos del soberanismo. El Gobierno apartó de la acusación a Edmundo Bal, partidario de suscribir el delito de rebelión y ahora diputado de Ciudadanos. Seoane expuso que existió malversación al generarse un perjuicio patrimonial.

Vox cerró el tiempo de las acusaciones insistiendo en que los encausados actuaron como "una organización criminal".