La titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid considera que hay indicios de torturas por parte de la Policía Nacional contra los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), que fueron cacheados bajo la lluvia y en un "clima intimidatorio" el 18 de abril. Así lo defiende la magistrada tras visionar las cámaras de seguridad en un auto del pasado día 27 al que ha tenido acceso "Efe".

Fuentes policiales aseguran que los agentes cachearon a 161 personas en tan solo 22 minutos para descartar que tuviesen elementos con los que pudiesen perpetrar una fuga o un motín, y lo hicieron en el patio porque es donde cabían todos, la mayoría bajo una zona techada.

Estas fuentes precisan que los agentes del CIE pidieron refuerzos porque un gran grupo de internos se concentró el 18 de abril por la noche ante la puerta del comedor que da a la cocina, un punto por el que otras veces se han fugado internos y han comenzado motines, ya que la cocina da a la calle.

Por eso acudieron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que cachearon a todos los implicados en ese acto en el patio, ya que es donde hay sitio, utilizando preferentemente una zona techada, aunque parte de los internos no cabían y fueron inspeccionados bajo la lluvia, donde también se mojaban los agentes.

La jueza aprecia un "trato degradante" hacia los internos, obligados a estar media hora bajo la lluvia en un día con bajas temperaturas por un cacheo en el patio con un "elevado número de efectivos policiales uniformados, con cascos y defensas" que generaban "un evidente clima intimidatorio sin que se hayan apreciado causas para justificar dicha medida".

Estos agentes "han podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones", señala un auto que recuerda además que los CIE son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario" y las únicas limitaciones a los residentes son las referidas a su situación de internamiento, que impide su "libertad ambulatoria".

En un comunicado, varias organizaciones, incluida la Plataforma CIEs NO Madrid, SOS Racismo o la parroquia San Carlos Borromeo, subrayaron que estos hechos demuestran que la gestión del CIE prioriza "las medidas de seguridad sobre el respeto a los derechos de los internos" lo que produce "violaciones del respeto a la dignidad y demás derechos fundamentales".