Las defensas de los doce líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo se han ratificado en la libre absolución de todos los acusados en el juicio del 'procés' al considerar que no han cometido ningún delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición.

Después de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado hayan mantenido su acusación por rebelión y sedición, respectivamente, todos los letrados han elevado a definitivas sus conclusiones antes del trámite de los informes, que comenzará el próximo martes.

Los abogados han mantenido sus escritos de defensa intactos, si bien muchos de ellos han introducido un pequeño añadido, en el que solicitan de manera subsidiaria y alternativa la eximente prevista en el artículo 20.7 del Código Penal, que establece que estará exento de responsabilidad criminal "el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

Estiman así que la prueba practicada a lo largo de tres meses y medio de juicio demuestra, en su opinión, que el otoño de 2017 no se cometió ningún delito y que la violencia que le atribuye la Fiscalía a los acusados no existió, como tampoco hubo ningún gasto de dinero público para el referéndum.

A la espera de sus informes, que expondrán el 11 y 12 de junio, los escritos de defensa preliminares argumentaron que, más allá de algún caso "aislado", los únicos episodios de violencia que hubo fueron los protagonizados por las fuerzas de seguridad del Estado con las cargas para tratar de impedir el 1-O.

Para negar la malversación, se agarran a lo que dijo en su día en sede parlamentaria el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: la Generalitat, con sus finanzas intervenidas desde hacía meses por el Gobierno -incluso antes del 155-, no gastó ni un euro público para el referéndum, declarado ilegal.

Y se apoyan en que la declaración de independencia, que culminó el 'procés', no fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat ni llegó a hacerse efectiva porque era una mera expresión de la "voluntad política" para generar un escenario de "negociación multilateral ineludible" entre Cataluña, España y la Unión Europea "basado en el respeto a los principios democráticos".