La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, devolvió ayer al Supremo la decisión de suspender o no a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva y acusados de rebelión en el juicio del "procés" que se celebra en el alto tribunal. La Mesa del Congreso abordará hoy la cuestión en su primera reunión, aunque no se tomarán decisiones. Y la del Senado no analizará el asunto hasta la semana próxima.
El tribunal del "procés" dejó el pasado viernes en manos de las nuevas Cortes la decisión de suspender a los cuatro diputados presos (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), así como al senador Raül Romeva, y sugirió que para ello se aplicaran los reglamentos de las Cámaras, no la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim).
La sala que preside Manuel Marchena tiene dudas de que ahora sea de aplicación el artículo 384 bis de la Lecrim, con el que el juez Pablo Llarena, instructor del caso, fundamentó la suspensión de Junqueras, Turull, Rull, Sànchez y Romeva como diputados del Parlament. Y ello porque el citado artículo determina la suspensión de quien "estuviere ostentando función o cargo público" al ser procesado en firme por rebelión y estar en situación de prisión preventiva. El problema es que Junqueras, Turull, Rull, Sànchez y Romeva se han convertido en miembros de las Cortes diez meses después de ser procesados.
La Fiscalía, en cambio, no alberga dudas al respecto y ayer instó al tribunal del "procés" a impulsar la aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim, para que después ambas cámaras "ejecuten sin más trámites la medida de suspensión".
Pero Batet sí las tiene y ayer devolvió al Supremo la patata caliente. Su primera decisión tras ser elegida presidenta del Congreso, reveló, fue pedir por escrito al alto tribunal que informe a la Cámara baja sobre "las consecuencias de la aplicación de la ley procesal" a los cuatro diputados presos, en neta referencia a la Lecrim. Por dos razones: porque "parece adecuado conocer la situación" en que se encuentran Junqueras, Turull, Rull y Sànchez y porque se siente en la "obligación" de actuar "con la mayor celeridad posible", con lo que negó estar ganando tiempo.
Para Batet, "la función jurisdiccional" sobre los cuatro diputados presos "pertenece en exclusiva al poder judicial", razón por la cual es "el competente". No obstante, pese a sus cautelas, la presidenta del Congreso cree que "todo" apunta a que tendrán que ser suspendidos. Eso sí, en la primera reunión de la Mesa, hoy, pretende que sus nueve integrantes debatan la cuestión y pidan más informes si es menester.
La Mesa la integran tres representantes del PSOE, incluida Batet; dos del PP, dos de Cs y otros dos de Unidas Podemos.
"No" a la suspensión
PP y Ciudadanos son partidarios de la suspensión inmediata, pero Unidas Podemos quiere conocer los informes que se elaboren al respecto antes de tomar una decisión. Sin embargo, de mano, no es favorable a la suspensión de los cuatro independentistas catalanes, lo que no impediría que, si el PSOE sí lo es, sume sus votos a los del PP y Cs y la decisión se materialice en ese sentido.
Junts per Catalunya pidió ayer a Batet que preserve los derechos de los cuatro diputados presos. Por otra parte, los 17 procesados por malversación en el sumario del 1-O depositaron en el juzgado otros 551.000 euros, recaudados a través de la caja de solidaridad, con lo que les faltan por pagar 1,6 millones de la fianza de 5,8 que les exige la juez.
