El juicio del "procés" deparó un notable cambio de perspectiva en su undécima semana. De perspectiva y de potencial incriminatorio, porque, lógicamente, con el comienzo de las testificales propuestas por las defensas, el clima de hostilidad y violencia que han descrito decenas de policías y guardias civiles se trocó repentinamente en lo que el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, presentó como "una merienda" cuando declaró como testigo el 28 de febrero.
Ni insultos, ni agresiones, ni siquiera actos de intimidación; el del "procés", desde el pasado miércoles, es otro juicio. O al menos lo parece. Comidas en la calle, reivindicación festiva, canciones, pero nada que explique por qué la secretaria del Juzgado Nº 13 de Barcelona llegó a pensar en pedir un helicóptero para poder salir sana y salva del Departamento de Economía el 20-S.
El presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas, Manuel Marchena, hubo de emplearse a fondo para reconducir la mayoría de los testimonios. Para los anales de la judicatura quedará el rapapolvo que le echó al catedrático de Derecho Constitucional Enoch Albertí y al abogado que le interrogaba, Benet Salellas, defensor de Jordi Cuixart. Cuando el testigo se disponía a defender la existencia de un derecho de autodeterminación "interior", Marchena, harto, le cortó: "La Sala no puede escuchar lecciones, es un insulto a los miembros del tribunal".
Con Jacint Jordana, catedrático de Ciencias Políticas, fue menos áspero pero más sarcástico: "Es una disertación interesantísima y muy ilustrada, pero perfectamente prescindible".
El cambio de perspectiva no llevará el juicio a su antípoda tan rápidamente como desearían las defensas. Y hasta puede que algún testigo haya trabajado ya, sin pretenderlo, en contra de los intereses de los acusados. Por ejemplo, el exdiputado de la CUP David Fernández, que compareció en su calidad de experto en "talleres" de "resistencia pasiva", puede haber puesto los cimientos para que las acusaciones -especialmente la Abogacía del Estado- se lancen ahora a probar el delito de sedición, menos grave que el de rebelión, pero penado con largas estancias en la cárcel. El testimonio de Fernández puede abonar la tesis de que, si no violencia, hubo "fuerza" en la resistencia ejercida para evitar el cumplimiento del mandato judicial, lo que, unido a la "planificación" de las acciones de resistencia en los talleres que se impartieron (CDR incluidos) por toda Cataluña, igual termina dibujando "el alzamiento público y tumultuario" exigido para condenar por sedición.
