Carlos García Juliá, el condenado por la matanza de Atocha de 1977 que fue detenido en Brasil el otoño pasado, ha alegado prescripción de la responsabilidad penal en la vista celebrada en el país sudamericano para tratar de eludir su extradición a España.
Así lo han informado este viernes fuentes jurídicas a Europa Press, después de que García Juliá, que ha permanecido 24 años prófugo, se haya opuesto a ser entregado a España para cumplir lo que le queda de la sentencia dictada contra él en febrero de 1980.
García Juliá, que ahora tiene 63 años, fue detenido en Brasil el pasado 5 de diciembre, tras lo cual la Audiencia Nacional reclamó su entrega por ser el tribunal que le condenó a cumplir 193 años de cárcel --30 de cumplimiento máximo en aquel Código Penal-- como autor de nueve delitos de asesinato (cinco consumados, tres frustrados) y tenencia de armas.
Según la Fiscalía, "tanto si se considera como fecha de interrupción el auto de revocación de la libertad condicional", que fue el 14 de agosto de 1996, "como su declaración de firmeza", que se produjo el 6 de noviembre del año 2000, "no habrían transcurrido aún los 30 años" al cabo de los cuales habría prescrito según la ley y por tanto, está vigente. Además, entre España y Brasil existe Tratado de Extradición desde febrero de 1988.
Una vez se pronunció la Audiencia Nacional, el Consejo de Ministros pidió formalmente a Brasil la extradición de García Juliá justo cuando se cumplieron 42 años de la matanza de los abogados laboralistas a manos de simpatizantes de ultraderecha.
