Santiago Vila, exconsejero del Govern y acusado en el juicio del "procés", pide al Supremo que le devuelva la fianza de 50.000 euros con que eludió la prisión: alega que los costes de desplazamiento y hospedaje que acarrea su asistencia a las sesiones de la vista oral le están dejando en una "situación económica de extrema necesidad". Joan Segarra, abogado del despacho que defiende a Vila, expone en el escrito que dirige a la Sala que el juicio ha comportado una "relevante disminución de los únicos ingresos económicos" de que dispone el acusado, debido a la "drástica limitación de su actividad laboral". Vila alega que "no subsisten" los motivos que en su día motivaron que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le impusiera una fianza, dado que ahora está "diariamente" a disposición de la Sala.
