La juez de Barcelona que instruye el 1-O ha procesado a 30 investigados por malversación y prevaricación, entre otros delitos, a lo que el presidente catalán, Quim Torra, ha respondido denunciando una "escalada en la persecución política" contra el independentismo y un "estado de excepción judicial".

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesa a 30 investigados, entre ellos ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

En cambio, la juez exculpa al exsenador de ERC Santi Vidal y al arquitecto jurídico del 'procés' Carles Viver i Pi Sunyer y no se pronuncia sobre el aforado Lluis Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalitat.

Teniendo en cuenta el importe del gasto público "realizado o comprometido" para la celebración del referéndum, que la juez eleva hasta unos 4,3 millones de euros, el auto fija para los 17 procesados por malversación una fianza por responsabilidad civil de 5,8 millones de euros, al sumar un tercio de la cifra supuestamente defraudada para afrontar las responsabilidades finales del pleito.

La juez da un día a los 17 procesados por malversación para que, una vez se les notifique la resolución judicial, aporten la fianza solidaria, con la advertencia de que si no lo hacen se procederá al embargo de sus bienes.

Entre los procesados figuran altos cargos del Govern en la época de Puigdemont, como Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Meritxell Massó y al exsecretario general del Diplocat Albert Royo.

También procesa por desobediencia a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y a la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales: su administradora única Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo y de marketing, Martí Patxot.

Tras conocerse el auto, Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat para leer una declaración institucional en la que ha subrayado que estos procesamientos "confirman la deriva autoritaria, la ausencia de independencia judicial y la persecución política".

"Consolida el estado de excepción judicial a que se quiere someter una determinada ideología y proyecto político democrático y pacífico como es el de la independencia", ha añadido.

Pero ha advertido a los que creen que con esos "ataques" los soberanistas van a abandonar "el compromiso por la libertad" de que "pierdan toda esperanza".

"No hay cárceles, multas, exilios ni persecuciones que puedan frenar el anhelo de libertad de un pueblo como el catalán", ha remarcado Torra, que ha expresado "orgullo" por el 1-O y ha sentenciado: "Lo hicimos y lo volveremos a hacer".

Desde Waterloo (Bélgica), el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido un apoyo "contundente" en las urnas para seguir luchando contra el Estado, que ha lanzado su última "perdigonada" con estos nuevos procesamientos.

En cambio, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha calificado de "vergonzosa" la declaración realizada por Torra.

Para Carrizosa, "es una vergüenza que el presidente de la Generalitat salga a apoyar explícitamente" a unos "golpistas".

Por su parte, la candidata de JxCat para las elecciones generales Laura Borràs ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a contribuir a través de la denominada "caja de solidaridad" a hacer frente a la fianza por responsabilidad civil derivada de los procesamientos.

Mientras tanto, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha denunciado una "política de escarnio" contra el independentismo y ha expresado su solidaridad con los procesados.