La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha rebajado su previsión de déficit público para el presente ejercicio 2019 hasta el 2,1% del PIB, desde el 2,2% que calculaba de haberse aprobado los Presupuestos, a pesar de que las medidas adoptadas estas últimas semanas en los llamados "decretos sociales" tendrán un coste de 920 millones de euros.

La AIREF resalta que, aunque la prórroga hace que se haya perdido la recaudación de 2.908 millones prevista a través de nuevas figuras tributarias, el hecho de que no se pongan en marcha inversiones por importe de unos 3.700 millones -2.400 de ellos en ferrocarriles- arroja un saldo favorable de unos 800 millones.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió ayer en que el coste de las medidas sociales tiene sus correspondientes asignaciones presupuestarias y aseguró que el Ejecutivo cuida "muchísimo" el cumplimiento de las exigencias fiscales de la UE.

En grandes líneas, la AIREF espera que la recaudación aumente un 4,3% -en lugar del 6,1% que se preveía con los fallidos Presupuestos-, con importantes avances en impuestos especiales (10,7%), IVA (4,4%) e IRPF (3,9%) y un pequeño descenso en Sociedades (0,2%). El gasto, por su parte, se ve mermado por el rechazo al Presupuesto, ya que subirá un 1,4% en lugar de un 4,1%.

Las medidas sociales incluidas en los decretos comprenden, entre otras partidas, las cuotas de Seguridad Social pagadas a los cuidadores (315 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (242 millones), la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas (225 millones) y el ingreso mínimo vital para familias con hijos a cargo (138 millones).

Si se suma el coste total de estos decretos al de la revalorización de las pensiones (588 millones) se obtiene un total de 1.508 millones, lejos de los 5.250 que la Autoridad estimaba para todas las medidas de gasto incluidas en el proyecto presupuestario.

Parados de larga duración

A esta cifra hay que sumar parte de la inversión de 1.313 millones aprobada ayer por el Consejo de Ministros con destino a un plan trienal (2019-2021) para reincorporar al mercado de trabajo a 541.000 desempleados de larga duración. Según explicó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el objetivo del plan es reducir el número de parados de larga duración a un millón de personas (frente a los 1,5 millones registrados a finales de 2018) y dejar así la tasa de paro de este colectivo en el 4,3% (frente al 6,8% estimado en el momento actual).